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En el último año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto hubo una conducta “errática y discrecional” en el ejercicio del gasto, pues 60% del presupuesto total que le fue autorizado por el Poder Legislativo fue reasignado, sin una debida justificación.
En 2018, el gasto neto total del gobierno federal fue de 5 mil 611 millones de pesos, “sin una debida justificación de las 88 mil 363 adecuaciones al presupuesto por 3 mil 624 millones de pesos, [lo] que significó 60% del gasto neto total”, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El titular de la ASF, David Colmenares, hizo ayer la segunda entrega del paquete de informes individuales del Resultado de la Fiscalización Superior 2018, en donde se informó que derivado de la revisión a la Cuenta Pública 2018 se realizaron 933 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, mismos que eventualmente, de acreditarse, podrían derivar en denuncias de hechos.
Colmenares Páramo indicó que, por primera vez, la ASF se encuentra en revisión de “temas que nunca habíamos tocado”, entre ellos el gasto que realizaron los Congresos de las 32 entidades del país.
Explicó que dado que las entidades financian sus actividades en la mayor parte con recursos federales, ese gasto en las cámaras de diputados locales se convierte en “universo auditable”.
Infraestructura
En este segundo informe la ASF observó un monto de mil 599 millones de pesos, de los mil 822 millones de pesos ejercidos en 2018 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) —ahora ya cancelado— es decir, se observó 87.7% de lo ejercido.
Además, en 19 auditorías se halló que el importe original de los servicios de la gerencia de proyecto, por 2 mil 362 millones de pesos, se incrementó en 2 mil 542 millones, es decir, 107.6%, para un total ejercido de 4 mil 904 millones de pesos. La mitad ya se pagó, pero el avance de las obras apenas era de 21%.
Los pagos se realizaron, pero “no se llevaron a cabo programas, planes, asesorías, monitoreo y seguimiento de los trabajos para los que fue contratada, ni se demostró que se realizaron los servicios integrados necesarios para la planeación, organización y control del proyecto en todas sus fases, incluyendo el diseño, la ejecución de los trabajos y la administración de los recursos humanos, materiales y financieros”.
Sobre el Tren Interurbano México-Toluca se determinó que las obras se realizaron sin detectarse “que el trazo original sobre la avenida Vasco de Quiroga resultaba inviable; pagos indebidos por duplicidades, ajustes de costos, ejecución de actividades distintas al objeto de la contratación y el pago de neoprenos que no cumplen con la calidad requerida”, y en este caso se observó un monto de 273.2 millones de pesos.
