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La organización Seguridad Sin Guerra afirmó que el decreto que legaliza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en coordinación con la Guardia Nacional , no establece mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas.
Mediante un comunicado, la organización aseguró que el decreto publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) implica que el militarismo “salió del clóset”.
“El acuerdo pone en evidencia lo que a lo largo del último año ha sido una realidad evidente: la Guardia Nacional es una etiqueta para disfrazar a las Fuerzas Armadas de cuerpos civiles. Eso, quizá sea el único cambio: el militarismo salió del clóset ”, indicó la organización.
“Faculta a las fuerzas armadas para realiza r detenciones , ejecutar órdenes de aprehensión, asegurar bienes, resguardar y procesar escenas del crimen y hacer labores de seguridad pública en la fronteras, aduanas, carreteras federales, aeropuertos, parques nacionales y medios de transporte en general, sin controles externos y sin mecanismos de rendición de cuentas”.
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Reprochó que el actuar de las fuerzas armadas no permanezca subordinado a una autoridad civil, sino coordinado cuyo mecanismo calificó como vago.
“Normaliza la práctica establecida desde el gobierno de Felipe Calderón : la militarización de la seguridad pública sin control alguno y fuera del mandato constitucional.
"Además, es contrario a lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó sin equívocos la subordinación de cualquier acción de la Fuerza Armada permanente a autoridades civiles”, añadió.
Cuestionó que la determinación publicada en el DOF no incluyó información que establezca la necesidad de usar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ni el estado en que se encuentra la Guardia Nacional.
“El acuerdo es omiso en la obligación de regular, estableciendo amplias facultades que no corresponden a las Fuerzas Armadas”, enfatizó.
“No hay una supervisión externa a lo que los militares y marinos hagan al realizar detenciones o revisiones de aduanas, puertos, transporte público, etc. La fiscalización que prevé es interna, propia de la justicia militar y no de la civil”, detalló.
Rechazó el decreto y afirmó que la pandemia por la que atraviesa el país y el mundo no debe ser utilizada como cortina de humo para aprobar leyes que menoscaben el sistema constitucional para avanzar al militarismo.
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