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La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados decidió no moverle ni una coma a la contrarreforma petrolera del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca suspender o cancelar permisos a privados en la cadena de producción o distribución de hidrocarburos, argumentando riesgos a la seguridad nacional y energética o para la economía del país.
Anoche, los integrantes de la Comisión de Energía de San Lázaro recibieron el dictamen, que es idéntico a la iniciativa presentada el pasado 26 de marzo por el presidente López Obrador.
A pesar de los riesgos que alertaron especialistas en la materia de que esta reforma tiene vicios de inconstitucionalidad, viola tratados internacionales, como el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, y con las intervenciones temporales podría haber expropiaciones indirectas, la Comisión de Energía decidió citar a sesión ordinaria el próximo miércoles 14 de abril a las 11:00 de la mañana para debatir este dictamen y, en caso de que sea avalado, esa misma tarde sería aprobado en el pleno y enviado al Senado de la República.
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El pasado 26 de marzo, el Titular del Ejecutivo envió su contrarreforma energética, con la que pretende otorgar facultades a las autoridades del sector, para que, escudándose en el argumento de seguridad nacional, seguridad energética o para la economía nacional, suspendan cualquier permiso otorgado, sobre todo a los particulares que participan en la cadena de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, comercialización, expendio al público y exportación e importación de hidrocarburos, petrolíferos, así como petroquímicos.
Con este documento pretende modificar los artículos 51, 53 56, 57, 59 y 86 de la Ley de Hidrocarburos, y sugiere que todas estas actividades, sujetas a los permisos que otorguen la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, sean susceptibles de suspensión en caso de “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”.
Estas suspensiones tendrán la duración que la autoridad determine y podrán ser temporales o definitivas, y en caso de reincidencias, además de las sanciones aplicables, se revocará el permiso respectivo.
En este proyecto se incluyó un artículo cuarto transitorio, en el que se establece que todos aquellos permisionarios que pudieran ser perjudicados —en su esfera jurídica y sus derechos— “podrán solicitar, en el marco de la normatividad de la materia correspondiente, el pago de las afectaciones correspondientes”.
La propuesta presidencial plantea que, en caso de la cancelación de un permiso, la autoridad que haya otorgado esa prestación se hará cargo de la administración y operación del permisionario, incluso con las empresas productivas del Estado, a fin de garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, quedando a salvo los derechos de los terceros.
Esto, pues el Ejecutivo considera importante que las empresas productivas del Estado jueguen un papel más activo en el tratamiento y refinación de petróleo, el procesamiento de gas natural y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como en el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y expendio de hidrocarburos.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, los cambios propuestos están encaminados a la mayor eficiencia de su producción y uso, así como en garantizar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos a toda la población, a fin de salvaguardar los intereses y la seguridad nacionales.
