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El terremoto del 19 de septiembre pasado en nuestro país es el “pretexto perfecto” que encontró la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para extender más allá de 45 días hábiles su respuesta a los solicitantes de asilo, asegura Nancy Pérez García, directora general de Sin Fronteras, quien indica que esa agencia federal enfrenta rezagos desde 2011.
“Nosotros lo que veníamos detectando previo al sismo es que, dado que desde 2011 hay un incremento de más de 1,000% en las solicitudes de asilo, la Comar se ha visto rebasada en cuanto a la capacidad de atención que puede tener”, explicó Pérez García en entrevista con EL UNIVERSAL.
A raíz del temblor, las instalaciones de la Comar, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, adscrita a la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, resultaron dañadas y su Oficialía de Partes se ubica ahora en la sede del Instituto Nacional de Migración (INM), en la avenida Ejército Nacional.
Sin embargo, de acuerdo con Pérez García, hasta diciembre pasado se empezaron a retomar las solicitudes presentadas en marzo, lo que comprueba el nivel del rezago acumulado. El acuerdo de suspensión de las respuestas en 45 días, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre, implica que existen personas que enfrentan periodos de hasta medio año o de un año en “incertidumbre total”.
“No sabemos qué va a pasar con el nuevo cambio de administración y entonces están en el limbo, porque ahorita puede que estén aquí, pero ni siquiera con 100% de las garantías, simplemente tienen un papelito que dice que van a iniciar un procedimiento”, enfatizó, al señalar que mientras se resuelve su petición, los extranjeros sólo cuentan con la posibilidad de atenderse en el Seguro Popular.
Detalla que el rezago comenzó en 2011 con la agudización de la crisis económica y de violencia, así como de los desastres naturales, en el llamado Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador), que se cuenta entre las principales regiones expulsoras de migrantes a Estados Unidos a través de México.
“El punto álgido de la crisis en el Triángulo Norte en 2011 le pegó fuertísimo [a la Comar], junto a las otras situaciones de contexto en EU. Le pegó muy fuerte a su capacidad institucional para poder hacer frente a lo que se le venía encima, cuando te crece a más de 1,000% la demanda de trabajo”, subrayó Pérez García, al considerar que la dependencia tiene registradas, hasta septiembre de 2017 , casi 9 mil solicitudes. Quienes las presentaron deberán enfrentar a su vez unas tasas de reconocimiento (de su trámite de asilo o protección federal) con un promedio de 25% apenas, lo que significa que de cada 100, 75 serán rechazados.
Ante este panorama y el riesgo de un colapso en la atención a los solicitantes, revela, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ofreció apoyo a las autoridades y suscribió un acuerdo con la Segob para contratar más personal en la Comar.
“Hicieron un convenio de colaboración a través del cual ACNUR ofreció recursos económicos a la Comar para que pudiera contratar personal, pero si este recurso se va, que es lo que tiene contemplado el gobierno federal. Estamos en momentos de coyuntura muy importantes” a la luz de los compromisos internacionales de México en la materia, refrendados por el presidente Enrique Peña Nieto el 25 de agosto, al reunirse con Filippo Grandi, titular de ACNUR.
Este diario solicitó una entrevista con Mark Manly, representante en nuestro país del ACNUR, sin encontrar respuesta.
La Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob respondió a un cuestionario para Anel López Johnson, coordinadora general de la Comar, en el que indicó que el acuerdo por el que se suspenden los plazos de respuesta a los solicitantes es una “medida excepcional derivada de las afectaciones que sufrieron las instalaciones en las que se ubicaba” la dependencia, además de asegurar que la Comar “continúa atendiendo las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, no obstante la capacidad operativa se ha visto disminuida por no contar con las condiciones materiales para el pleno desarrollo de nuestras atribuciones”.
Agregó que el número de solicitudes que se han recibido en 2017 representa un incremento de 1841% en relación con 2011 y confirmó que en 2016 la Segob y el ACNUR suscribieron un convenio mediante el cual se contrató personal a efecto de apoyar las labores de la Comar.
Pérez García advirtió que la tendencia de crecimiento de las solicitudes de asilo en México se mantendrá, ante el fortalecimiento de las medidas antiinmigrantes en EU y la reciente decisión en Washington de anular el estatuto de protección concedido a indocumentados salvadoreños y haitianos.
Apunta que el número de refugiados venezolanos ahora es casi similar al de hondureños, por lo que la Comar asignó exclusivamente los lunes y martes para atender a los solicitantes que proceden del país sudamericano.
Lo más importante, dice, es cuál será la respuesta del gobierno federal. “No veo a un gobierno que esté realmente interiorizando la bola que se le viene ni en materia de migración ni de asilo, entonces, se están dando algunos paliativos, pero no pensando en una política de qué vamos a hacer con los que ya no se van a ir y con los que nos van a regresar”.
La responsable del organismo humanitario considera que la Comar es hoy “el tipo de oficina que a nivel internacional sirve mucho tener, porque te da prestigio, pero tampoco tiene otra implicación más fuerte”.
