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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General de la República, publicada en mayo pasado, ya que considera que vulneran las garantías a la seguridad jurídica, libertad de trabajo y el principio de presunción de inocencia.
Tras realizar un análisis jurídico de la norma en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y autoridades involucradas en el tema, el organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra concluyó que dicha norma sujeta la participación, actuación e integración de la Fiscalía General de la República (FGR) en diversas instituciones, a su autonomía constitucional, lo que “interfiere con un pleno y óptimo desempeño de sus funciones.
“Es decir, constriñe su intervención y cooperación al margen de dicha característica constitucional, misma que interfiere con un pleno y óptimo desempeño de sus funciones en el marco de los respectivos ordenamientos que rigen cada sistema, mecanismo y/o comisión del que se trate”, precisó la CNDH.
Por ello, determinó impugnar artículos de las leyes de la FGR; para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Lo anterior, porque, subrayó, condicionan y/o limitan la participación y coordinación de la FGR en el Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Así como en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en estricto apego a su autonomía constitucional, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad.
La CNDH afirmó que llevó a cabo un análisis minucioso sobre la compatibilidad con el parámetro de regularidad constitucional del decreto por el que se expidió la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 20 de mayo.
Señaló que dará seguimiento puntual a esta demanda de acción de inconstitucionalidad promovida y reiteró su compromiso de contribuir al fortalecimiento de un Estado constitucional y democrático de derecho.
“La acción fue producto de un vasto trabajo de diálogo, tanto con organizaciones de la sociedad civil como con autoridades involucradas en el tema”, subrayó.
Cabe destacar que diversas organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas se opusieron a la aprobación de la Ley de la Fiscalía General de la República porque, denunciaron, carece de un diseño institucional para la investigación de los delitos y la procuración de justicia.
La Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó la aprobación de la norma en el Congreso de la Unión, porque, indicó, “desconoce los derechos a la verdad y la justicia, y representa un obstáculo para la búsqueda de las personas desaparecidas”.
