Al reunirse con una comisión de los 31 investigadores y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología () y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico —acusados por la Fiscalía General de la República () de peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y delincuencia organizada—, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (), Arturo Zaldívar, advirtió que el Poder Judicial de la Federación “seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”.

Tras el encuentro privado, José Franco, maestro y doctor en Física por la sostuvo que el presidente de la Corte se reunió con los integrantes de la comunidad científica “porque él aprecia el trabajo de los científicos de México”, dijo.

También estuvieron presentes Gabriela Dutrénit, doctora en Economía de la Innovación por la Science Policy Research Unit de la Universidad de Sussex, Inglaterra, y coordinadora del foro entre 2012 y 2014, así como Rodrigo Roque, doctor en Derecho, quien fue director adjunto de Asuntos Jurídicos del Conacyt en 2013 y 2014.

“Nosotros solicitamos la reunión porque creíamos que era importante manifestarle nuestro agradecimiento por el manejo tan profesional e imparcial que hubo por parte del juez que atendió nuestro caso. Consideramos que el Poder Judicial ha tenido un desarrollo claramente diferente a lo que conocemos en la historia”, indicó José Franco, quien fuera coordinador general del foro de 2014 a 2018.

“Él [Arturo Zaldívar] recibió a la comunidad científica. La cita fue para la comunidad científica del país, porque él aprecia el trabajo de los científicos de México”, detalló Franco.

La SCJN informó que la reunión ocurrió a solicitud de los científicos y detalló: “Durante el encuentro, el ministro presidente escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”.

La última vez fue el pasado 21 de septiembre, cuando el juez Salazar consideró, según la causa penal 299/2021, que no hay delito que perseguir debido a que en agosto de este año la Segunda Sala de la Corte determinó que la transferencia de recursos del Conacyt al foro, por la que están acusados los 31 científicos y exfuncionarios, fue legal.

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