La decisión de declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior
es un precedente para que el nuevo gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador , presente un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas, enfatizó Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo celebró la decisión emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 15 de noviembre, en la que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior por considerarla contraria a la Constitución y a los Tratados Internacionales , al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública. Asimismo, hubo pronunciamientos respecto a que el Congreso de la Unión no es competente para legislar en la materia de seguridad interior.
Recordó que en su momento manifestó su preocupación por el proyecto de Ley. Por ejemplo, en su Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México de 2015, señaló que la atribución a las Fuerzas Armadas de roles que corresponden a las fuerzas policiales civiles y el despliegue de operativos conjuntos entre las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad estatales y municipales han dado lugar a mayores violaciones de derechos humanos y a impunidad.
La CIDH reiteró que “es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.
La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México señaló: “Celebro la decisión adoptada por la Suprema Corte Mexicana que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Constituye un indispensable precedente judicial como base para que el nuevo gobierno presente un plan concreto para el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública que la Comisión recomendó desde su Informe de País de 2015”.
Para Arosemena de Troitiño, el fallo constituye un ejemplo también a nivel regional, puesto que cada vez más Estados se inclinan por entregar los temas de seguridad ciudadana a las fuerzas militares.
Piden continuar con caso Iguala
Por otro lado, la CIDH pidió al nuevo gobierno federal continuar con la investigación del caso Ayotzinapa y manifestó su disposición de seguir coadyuvando en el acompañamiento de las víctimas, si así lo desean las nuevas autoridades.
El secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao y los comisionados, Esmeralda Arosemena y Luis Ernesto Vargas, se reunieron por última vez con el encargado del despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán; el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas; y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Rafael Avante para conocer el informe sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento del caso.
* Con información de Manuel Espino
afcl
