Al celebrar la aprobación de la Ley de Austeridad Republicana , la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, aseguró que ya hay resultados en la materia, como la devolución de 8 mil 338 plazas de mando y enlace , la reducción de 30 por ciento en el costo de mil 928 plazas de gabinete de apoyo, así como la desaparición de 629 direcciones generales adjuntas.
Mediante un comunicado, la funcionaria se enorgulleció de que la dependencia a su cargo auspiciara desde el principio esta nueva legislación.
Manifestó que la Ley de Austeridad Republicana “busca frenar los derroches burocráticos del gobierno
, ampliar la cobertura progresiva de los derechos sociales y prevenir el conflicto de interés y combatir la corrupción”.
Refirió que “la relevancia de la ley radica en que considera a la austeridad de Estado como un modo de vida democrático sustentado en el interés general y en la entrega al cumplimiento del mandato popular”, y reconoció el compromiso de los legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión con un ejercicio presupuestal sin derroches y de una absoluta vocación social.
Sandoval destacó “la adopción por el Congreso de la Unión de principios impulsados por la Función Pública que garantizan una administración pública sin gastos superfluos, ni privilegios en los altos mandos de la esfera gubernamental, y con una reorientación de los recursos a los programas sociales y de bienestar, al desarrollo y a la atención de los sectores más vulnerables”.
Con su aplicación, afirmó, la Ley de Austeridad Republicana generará ahorros presupuestarios que se podrán destinar a programas integrales de bienestar y proyectos de desarrollo comprometidos por el Gobierno de México y, de manera transparente y conforme al marco legal, a los programas contemplados por el Plan Nacional de Desarrollo.
Indicó que la ley, aprobada por mayoría, establece que cada año fiscal las dependencias entregarán un reporte de los ahorros obtenidos para ser evaluados y mejorar futuras políticas de austeridad republicana.
Entre otro puntos, la ley establece un periodo mínimo de 10 años para que las personas servidoras públicas puedan asumir algún puesto en empresas a las que haya supervisado, regulado o de las cuales hayan obtenido información privilegiada durante el ejercicio de su encargo público, lo que cierra el paso a hechos de corrupción.
"En ese mismo sentido, un punto trascendental de esta legislación es que para ocupar cualquier cargo público las personas interesadas deberán separarse legalmente de los activos intereses económicos particulares relacionados con la materia del encargo al que aspiran y que impliquen un conflicto de interés, conforme a lo referido por la Ley General de Responsabilidades Administrativas"
La secretaria Sandoval Ballesteros reiteró su compromiso con el pueblo de México de ser garante de un Gobierno sin corrupción, derroches ni privilegios, prevenir los actos de corrupción y combatir la impunidad, e impulsar que la Administración Pública Federal adopte y cumpla con los principios de austeridad y probidad que exige el presidente Andrés Manuel López Obrador.
