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Es responsabilidad del Estado mexicano y de la sociedad en su conjunto la inclusión inaplazable de todos los sectores que han sido soslayados, marginados y vulnerados, como ocurre actualmente con las comunidades indígenas, aseguró Jaime Rochín del Rincón, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV).
Al presentar la Investigación con enfoque de género, diferencial y especializado sobre los contextos de victimización que comprometen, afectan e impiden el ejercicio de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, Rochín del Rincón señaló que casi por definición la población indígena ha encarnado siempre el rostro de la discriminación.
“Sus expresiones culturales y de organización, sus costumbres, su mera existencia han sido relacionadas en el imaginario social con lo arcaico y la pobreza. En suma, con lo contrario al supuesto progreso y modernidad”, dijo.
Indicó que las limitaciones para comprender e interactuar con las comunidades indígenas son la base “que por siglos ha perpetuado y justificado las prácticas discriminatorias, la violencia que se ejerce de manera velada o abierta, el despojo y la invisibilización de las demandas más esenciales para hacer asequible el ejercicio pleno de sus derechos humanos”.
El estudio presentado en el Centro Cultural de España en México encontró que entre las malas prácticas identificadas están la inexistencia de recursos humanos habilitados para darles atención adecuada y la falta de medidas de protección desde una óptica distinta a la justicia occidental.
También señaló un sistema de procuración de justicia deficiente e ineficaz, que no tiene suficientes recursos para atender de manera adecuada a los indígenas y que los considera ciudadanos de segunda categoría.
Entre las únicas buenas prácticas identificadas está el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil en procesos de defensoría; la participación de autoridades comunitarias fortalecidas con el conocimiento en materia de derechos humanos, así como iniciativas ciudadanas para la protección de comunidades indígenas.
Ismerai Betanzos, directora de Derechos Indígenas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), indicó que la asistencia a las víctimas de comunidades indígenas es aún un reto para el Estado, sobre todo cuando se trata de mujeres. Señaló que los ministerios públicos no proporcionan intérpretes a los indígenas, por lo que ahora la CDI trabaja, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, en un censo de personas indígenas privadas de la libertad.
