justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
Entre las propuestas presentadas por los candidatos a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sólo dos reconocieron la existencia de nepotismo y corrupción en el interior del Poder Judicial de la Federación.
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena establecieron en sus propuestas nuevas formas de controlar y disminuir el nepotismo y de mala administración de recursos públicos para erradicar la corrupción.
De ellos, sólo Zaldívar se refirió a la ley federal de remuneraciones, que ha generado conflicto entre el Poder Judicial de la Federación, y el Ejecutivo y Legislativo.
Ante este contexto, reconoce, el principal desafío que tendrá el nuevo presidente de la Corte será defender la independencia judicial sin entrar en una confrontación entre poderes.
El ministro propone regular el acceso a los cargos en el PJF, de tal modo que los vínculos familiares no sean un predeterminante para que las personas puedan acceder a los mismos, pero que tampoco sean un obstáculo.
Por ello, propone establecer un sistema meritocrático y que los exámenes de oposición sean para todos los cargos, no sólo para jueces y magistrados.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena también reconoció el reclamo social al PJF para que eficientice sus procesos, racionalice y modere su gasto, y sea un ejemplo de transparencia y honestidad.
La propuesta de Gutiérrez Ortiz Mena coincide con la de Zaldívar Lelo de Larrea, para consolidar la carrera judicial con base en mérito y competencias. Agrega que se debe considerar la igualdad de género, el combate a la corrupción y la eliminación de los conflictos de interés.
“Se propone hacer un diagnóstico de prácticas prevalecientes de corrupción, poner a disposición del público mecanismos seguros de denuncia, así como establecer procedimientos ágiles de investigación y sanción de estos actos”, agrega.
Los otros candidatos, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo, también refirieron la necesidad de sancionar los actos de corrupción.
“Se requiere de una inmediata actuación y sanciones severas contra los servidores públicos que, a través de la Contraloría, se reporte su actuar fuera de sus atribuciones y rendición de cuentas fuera de las cantidades autorizadas.
“Profundizar en las políticas públicas, a fin de establecer medidas de prevención de la corrupción, con base en la revisión periódica y sistemática, en los términos de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal”, enumera Pérez Dayán.
Pardo Rebolledo reconoce el reclamo para desterrar cualquier apéndice de influyentismo: “No me queda duda que existen herramientas de las que se puede echar mano para construir modelos de inspección y disciplina que eviten cualquier desviación, aun mínima, de la que debe ser una conducta ejemplar e intachable de todo juzgador”, precisa.
