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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 470 votos a favor, cero abstenciones y uno en contra el dictamen que abroga la Ley sobre Delitos de Imprenta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 1917.
El dictamen, que fue elaborado por la Comisión de Gobernación y Población, fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
En el artículo segundo transitorio se hace notar que dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico para procurar el pleno reconocimiento de las libertades de expresión e imprenta.
En los considerandos, la comisión señala que la citada ley nació en una etapa de indefinición, respondiendo más bien a un contexto de guerra e inestabilidad y por eso contenía disposiciones francamente autoritarias. Pese a su carácter provisional, de corte penal, se ha prolongado su vigencia más de 100 años, conservando normas anacrónicas e incompatibles con el resto del orden jurídico, precisa.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Jaime Humberto Pérez (Morena) dijo que la lucha por la libertad de expresión y la reivindicación del derecho a informar son pilares en los que descansa todos sistema democrático.
Afirmó que con la abrogación de esta ley se actualiza el orden jurídico y se eliminan disposiciones contrarias al ejercicio de la libertad informativa. Agregó que esta norma contraviene estándares internacionales, pues la posibilidad del uso del poder punitivo del Estado contra los periodistas constituye un problema para el ejercicio de la libertad de expresión.
Puntualizó que México debe ser un país donde el ejercicio de la libertad no suponga un riesgo para la vida o la integridad física o patrimonial de quienes la ejercen. “Consideramos que para garantizar la libertad de imprenta es necesario abandonar la visión punitiva y de criminalización que esta ley establece para reservar el ámbito civil a la protección, reputación y amor propio”, dijo.
Al fijar su postura, la diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, dijo que abrogar esta ley podría parecer poco trascendental, pero no es así, porque mantener vigentes disposiciones que en el pasado se usaron para reprimir la libre imprenta y mantener a raya el periodismo es un riesgo latente.
“Es un tema de procurar la solución a un grave problema de violencia que enfrentan quienes deciden ejercer y defender libertades propias o de terceros, particularmente la de libre expresión y manifestación. Hoy decidiremos abolir la ley mordaza, anacrónica y represora que en lugar de tutelar el derecho a informar es restrictiva y refleja una visión imperante a principios del siglo pasado”, aseveró.
Migrantes
La Cámara de Diputados aprobó con 450 votos a favor, dos en contra y cero abstenciones, reformas a la Ley de Migración, con el objetivo de garantizar a las personas migrantes el respeto al principio de presunción de inocencia.
El dictamen a la minuta, que modifica los artículos 43, 64 y 144 de la citada ley, fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales y refiere que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la presunción de inocencia de todas las personas migrantes, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), explicó que es necesario garantizar a las personas migrantes el respeto al principio de presunción de inocencia mediante la reforma propuesta y en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución.
Además, los diputados aprobaron por unanimidad de 450 votos reformas a la Ley de Vivienda con el fin de garantizar que las casas que se construyan tengan espacios habitables y suficientes en función del número de integrantes de la familia.
