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La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) sugiere al Departamento de Estado de Estados Unidos no otorgar fondos específicamente apartados para los militares mexicanos, debido a que no se ha mostrado voluntad política del gobierno mexicano para proteger los derechos humanos de la ciudadanía.
Además, añadió la organización, no se muestra voluntad para investigar y castigar los delitos y abusos que sufren ciudadanos a manos de las fuerzas de seguridad.
A más tardar el 30 de septiembre, el Departamento de Estado deberá entregar al Congreso estadounidense un informe en el que señale si México —entre otros— ha cumplido con el requisito de mejorar su situación de derechos humanos en cuatro áreas fundamentales, ello con el fin de que sean entregados los fondos específicamente apartados para los militares mexicanos.
“Tomando en cuenta la impunidad generalizada en casos de violaciones a derechos humanos en México y que el gobierno no ha enfrentado debidamente abusos como la tortura y las desapariciones forzadas, el Departamento de Estado debe abstenerse de certificar que en México hay progreso en estos temas. Apoyar incondicionalmente a las fuerzas de seguridad en México cuando no se rinden cuentas por violaciones a derechos humanos sólo empeorará la situación del país, en lugar de mejorarla”, expone en el informe Maureen Meyer, coordinadora principal del Programa de México y Derechos de los Migrantes en WOLA.
El informe puso de ejemplo que recién un juez resolvió que la Procuraduría General de la República (PGR) no investigó con diligencia el caso de los soldados responsables por la muerte de 22 civiles en Tlatlaya, Estado de México en junio de 2014, y que tampoco investigó la cadena de mando de la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
“Esta sentencia es una prueba más de que el gobierno mexicano no cumplió con el primer requisito para recibir la asistencia de Estados Unidos”, expuso.
WOLA describió los requisitos que México debe cumplir para recibir la asistencia de Estados Unidos: investigar y perseguir en forma exhaustiva y convincente y en tribunales civiles, las violaciones a los derechos humanos, incluyendo el hecho de Tlataya; cumplir de manera vigorosa las prohibiciones contra la tortura y la prohibición del uso de testimonios obtenidos a través de este flagelo; realizar una búsqueda efectiva de las víctimas de desapariciones forzadas, e investigación y persecución convincente de las personas responsables de tales crímenes, y cooperación completa del Gobierno de México con el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
