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En el Senado de la República avanza la propuesta de pasar hasta el próximo periodo de sesiones que inicia en septiembre la discusión sobre la despenalización de la marihuana, así como de solicitar a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de la Nación que amplíe el plazo para legislar los cinco artículos de la Ley General de Salud que la hacen inconstitucional.
Sin embargo, los presidentes de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar, y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Mon-real Ávila, reconocieron que aún no se alcanzan los acuerdos para lograrlo.
Monreal Ávila adelantó que podría ser la próxima semana cuando se solicite a la SCJN una prórroga.
Pidió ampliar el plazo para la deliberación en el Senado, puesto que la minuta que envió la Cámara de Diputados tiene inconsistencias e inclusive incurre en actos de inconstitucionalidad, lo que podría dar pie a la presentación de amparos en contra de lo que se apruebe.
“Lo mejor para todos es que sea una buena ley. Prefiero que nos demos una pausa, un tiempo y que pudiéramos estar legislando sobre la materia el próximo periodo de sesiones, cuando inicie el 1 de septiembre. Hay muchos intereses y el Senado no puede legislar bajo presión de nadie”, dijo.
En conferencia de prensa en la sesión del pleno, explicó que en caso de no concederse una prórroga al plazo que se cumple el 30 de abril, el expediente se turnaría a un ministro de la Corte para elaborar un proyecto de resolución de declaratoria sobre las cinco normas de la Ley General de Salud que el Poder Judicial había declarado inconstitucionales.
Entonces, la declaratoria que la Corte realice traería como consecuencia que esos cinco artículos que declaró como inconstitucionales salgan del marco normativo vigente.
Los grupos legislativos del PRI y el PRD en el Senado respaldaron la propuesta del líder de los senadores de Morena de posponer hasta septiembre la discusión y eventual aprobación de la legislación que regula la cannabis.
La senadora priista Claudia Ruiz Massieu afirmó que lo que se requiere es una buena regulación que no criminalice a quienes consumen cannabis, que permita preservar un enfoque de derechos humanos y de justicia social, y al mismo tiempo que permita atender los aspectos de la salud de los consumidores.
