La primera ley secundaria considerada en el paquete de reformas necesarias para la entrada en vigor del T-MEC y que sería dictaminada por la Cámara de Diputados, fue retirada y su discusión pospuesta para el futuro, por controversia sobre sus alcances, y supuestas ventajas desproporcionadas para los socios comerciales: Estados Unidos y Canadá .
La propuesta de Ley de Variedades Vegetales, impulsada por el diputado morenista Eraclio Rodríguez, proponía abrir el camino al uso de semillas genéticamente modificadas, aún cuando las reglas del TMEC darían plazo de 4 años a México para generar las salvaguardas de sus semillas.
Agrupaciones cercanas a Morena como la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC), la Central Campesina Cardenista (CCC) y sin Maíz no hay país, acusaron desinformación de los diputados que promueven los cambios, pues éstos incluyen multas, penas de cárcel, e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos intercambian libremente las semillas.
Sería el caso de “pencas de nopal, los esquejes de plantas que han heredado y diversificado por milenios” y empresas transnacionales podrían tener los derechos de propiedad intelectual de las semillas y otras partes de las plantas, alertaron.
“Esta privatización abre, además, la puerta a la siembra de semillas transgénicas”, acusaron.
La dictaminación se realizaría el pasado miércoles, pero a fines de la semana pasada la Junta de Coordinación Política (Jucopo) decidió sacarla de la discusión, por ahora. Aún así la polémica sigue, pues el legislador consideró necesario legislar en el tema.
La Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) data de 1996 y reconoce el intercambio libre de semillas, además contempla la adhesión de México al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales UPOV78, que permite ese intercambio de semillas entre los campesinos.
En cambio –según los inconformes- la nueva legislación prevé sumarse a la UPOV 91, en el que se prohíbe el intercambio, extiende derechos sobre el producto cosechado y reconoce que las semillas pueden patentarse.
Para cumplir esto, la iniciativa incluye un artículo 54 en el que se establece la “criminalización de los campesinos”, según las organizaciones opositoras a los cambios.
En ese artículo se establece que “se impondrá de 2 a 6 años de prisión y multa de 10 mil a 40 mil unidades de medida y actualización, a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha, para su producción, reproducción, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas, o cualquier otra forma de aprovechamiento conforme lo establecido en los artículos 4º Bis y 4º 1 de esta Ley, sin la autorización del titular en forma reincidente.
El diputado local del estado de México, Max Correa, de la CCC, aseguró que si es obligatorio realizar un cambio en la ley para la entrada en vigor del T-MEC que contemple el uso de las semillas para la producción, pero no se debe aceptar, como lo prevé la iniciativa, la adhesión a la UPOV 91 en aras de proteger las semillas del país.
Para la campaña Sin Maíz no hay país, detrás de la iniciativa hay “empresas, apoyadas por legisladores y funcionarios desinformados de la riqueza del patrimonio” que México tiene en sus plantas, la mayoría no sólo fuente de alimentación incluso mundial sino de la economía nacional, es el caso del el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, la calabaza, el aguacate, el nopal, el cacao y la vainilla.
MAOT
