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México es el único país del G-20 que bajó su deuda en relación con el tamaño de su economía, señaló el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández.
Luego de que EL UNIVERSAL publicó que el próximo gobierno federal heredará una deuda de 9.9 billones de pesos, equivalente a 42.4% del Producto Interno Bruto (PIB), Sánchez Hernández indicó que la deuda pública pasó de 48.7% a 42.4% durante esta administración: “La deuda total ha pasado a representar 42.4% del PIB este año”, explicó.
De acuerdo con especialistas, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León terminó su gestión como presidente, los pasivos del sector público ascendieron a más de 2 billones de pesos.
Después, Vicente Fox dejó compromisos financieros por 3.1 billones de pesos. En la administración de Felipe Calderón la deuda se elevó a casi 5.9 billones de pesos, con un porcentaje del PIB de 37.2%.
Con Enrique Peña Nieto la deuda del sector público, que incluye los pasivos del gobierno federal, de la banca de desarrollo, fondos y fideicomisos, deudas del IPAB, de organismos y empresas públicas, así como del programa de apoyo a deudores y Pidiregas, sumó 4 billones más a los que dejó Calderón, para ascender a 9.9 billones de pesos.
Por eso, la administración actual puede pasar a la historia como la gestión en la que se dejó crecer la deuda pública varios puntos por encima de como la recibió.
El gobierno mexicano hizo una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para actualizar la capacidad para emitir bonos, trámite que se interpretó como colocación de nueva deuda.
Sánchez Hernández reiteró que el programa de financiamiento 2018 concluyó y que el registro ante la entidad financiera estadounidense fue un requerimiento regulatorio.
“Quisiera puntualizar que se ha estado hablando de una supuesta emisión reciente de nueva deuda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha aclarado que su programa de financiamiento de todo 2018 ya concluyó en estos días. Lo que sucedió fue un registro ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, esto es un requerimiento regulatorio que, insistimos, no implica nueva deuda”, detalló.
