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Este jueves, la Secretaría de Bienestar publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras -que sustituye al Programa de Estancias Infantiles - y que estipula, entre otros puntos, que el Gobierno hará entrega de los subsidios directamente a la madre, padre o tutor, y no a las estancias como anteriormente se hacía.
En entrevista con EL UNIVERSAL , Laura Barrera Fortoul , diputada por el PRI y exdirectora del Sistema Nacional DIF durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, expresó su preocupación por estos cambios y precisó que le parecen “muy aventuradas estas reglas de operación” que son limitativas y excluyentes “porque no están los 32 estados del país y no están todos los municipios representados”.
La también secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados apuntó que estos recursos entregados directamente a los tutores podrían no usarse de manera correcta si es que deciden no destinarlos para las estancias infantiles, pues podrían tener otras “prioridades” como la renta, alimentación del resto de la familia, “un vicio” o “si el hombre decide quitarlo”.
La diputada priista hizo un llamado a generar herramientas financieras para que los niños sean quienes estén en el centro de la discusión con sus derechos. “Que den una tarjeta a la madre pero que solamente el crédito sea válido en la estancia infantil, validada y supervisada”, refirió.
Barrera señaló en el 70% de los casos, si los niños se quedan en su casa, tendrán mayores posibilidades de ser violentados .
Cabe señalar que el documento establece que el tutor con niños a su cargo, de entre un año y hasta los 3 con 11 meses de edad, recibirá mil 600 pesos bimestrales, por cada menor.
Asimismo, en días pasados se dio a conocer un informe interno del gobierno federal que señalaba que al menos 40% de 7 mil 363 guarderías del Programa de Estancias Infantiles de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) estaban en “foco rojo” al presentar riesgos para los niños que atienden.
En el documento oficial, además se detalla que en estas estancias infantiles visitadas por personal del DIF, 26% se encuentra en estado “amarillo” y sólo 30% que operaban con lo que fue la Sedesol están en “verde”. Agrega que sólo 4% de las vistas de supervisión cuentan con un estado “sin actividad” que indica que no se está otorgando el servicio de cuidado y atención infantil.
Ante esto, el DIF informó que elaborará y operará el Programa Integral de Supervisión, Acompañamiento, Monitoreo y Evaluación de todos los Centros de Atención Infantil debido a que “nunca se ha llevado a cabo el cumplimiento de la Ley General de Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil desde el ámbito de la competencia federal”.
Barrera lo rechazó y afirmó que durante su administración, supervisó y aplicó esto con resultados. “Siempre hay un área de oportunidad donde crecer y por supuesto que la tarea no está terminada, pero hay un tramo avanzado muy importante y debe ser reconocido”.
Como extitular del DIF Nacional, Barrera Fortoul pidió explicar cuáles son los criterios para que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia haga una evaluación en rojo, pues son muchas las normas.
Precisó que el DIF Nacional tiene la responsabilidad de supervisar las estancias infantiles solamente en dos criterios: en educación e higiene. “El DIF Nacional no tiene la facultad de clausurar una estancia”, señaló.
“Desde esta administración no ha habido una sola supervisión de estancia infantil. Ni el DIF Nacional, ni la Secretaría de Bienestar han hecho una sola supervisión a las estancias infantiles”, apuntó Barrera y agregó que los registros de los cuales están tomando la información para decir que están en rojo, amarillo o verde, son de 2017 y 2018.
“Es muy grave que se acuse al DIF Nacional de ser, en este momento, cómplice de la corrupción que ellos manifiestan, que es el gran pretexto por el cual están cambiando totalmente de programas”, refirió.
Señaló que en las nuevas reglas de operación, en ningún lugar dice que debe de haber una supervisión, ni del DIF Nacional ni de la Secretaría de Bienestar, por lo que cuestionó el involucramiento de las instancias federales.
“Pareciera que va a ser competencia municipal y que es lo mismo abrir una tiendita, a ver si cumple con su impacto ambiental y con sus reglas de protección civil, a abrir una estancia infantil. Cómo no van a cerrar si van a morir de inadmisión”, declaró.
Laura Barrera manifestó que cuando se presentó el paquete económico a la Cámara de Diputados, se observó un recorte al presupuesto de 2 mil millones de pesos para las estancias infantiles. “Ellos quieren ejecutar una nueva política pública y hoy hacen un traje a la medida, amparados en la corrupción que no han demostrado; no hay una sola denuncia con nombre y apellido”, indicó.
Barrera reconoció el trabajo de las encargadas de las estancias infantiles y pidió castigar a quienes hayan incurrido en casos de corrupción.
“Le pido al Ejecutivo, dónde están los niños en la agenda nacional”, comentó Barrera Fortoul.
