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El dictamen de la ley de extinción de dominio lleva 70% de trabajo avanzado. Quedan encorchetados los temas relacionados con los porcentajes en los que se repartirían los recursos de los bienes incautados, a distribuirse entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Federación, para la reparación del daño y para un fondo de cuenta única por venta anticipada.
Uno de los rubros en los que no hay coincidencia es que la extinción de dominio se aplique cuando se abra la carpeta de investigación o cuando haya una orden de aprehensión. Otro tema sin consenso es que el SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes) mantenga su nombre o se le cambie por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, título que a la oposición no le convence.
Los senadores de la mesa de trabajo coincidieron con representantes del gobierno federal en que, pese a estos detalles, el dictamen estará listo para el 1 de julio, fecha en la que están citados para continuar el segundo periodo extraordinario en la Cámara Alta.
La senadora del PRI Claudia Anaya dijo que se logró avanzar en la definición de buena fe, los medios de defensa, carga de la prueba, presunción de inocencia y que debe existir un fiscal en la materia.
“Le dimos al juez más grados de libertad de interpretación del tema. El hecho de que exista un fiscal especializado quita margen de maniobra a que cualquier MP [Ministerio Público] inicie procesos de extinción de dominio sin tener indicios de la comisión”, detalló.
Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, dijo que en la reunión con el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, se coincidió en que la extinción de dominio cuide la legalidad y la defensa de la ciudadanía.
“La FGR comparte la visión de que [la extinción de dominio] es una de las armas fundamentales del gobierno en el combate a la delincuencia”, comentó.
Damián Zepeda (PAN) agregó que en el dictamen se logró que el procedimiento sea oral y que esté apegado a la Ley Genérica de la ONU en extinción de dominio, por lo que confió en que hoy haya un dictamen de consenso que les permita aprobarlo en comisiones y el lunes 1 de julio, en el pleno.
Ricardo Monreal (Morena) refirió que con esta ley se garantizará la presunción de inocencia y la reparación del daño cuando el Ministerio Público (MP) haya cometido excesos o acusaciones que resulten sin fundamento.
