La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de reformas legales por las que podrá deportarse , negarse la visa, el permiso de internación o permanencia, o bien cancelarse la condición de residente temporal o permanente a un extranjero , si sus antecedentes comprometen la seguridad nacional o la seguridad pública.
El dictamen avalado contempla cambios en los artículos 43, fracción I; 64, fracción VI y 144, fracción IV de la Ley de Migración, y si bien en la Ley vigente ya se incluye la posibilidad de esas acciones en caso de que los antecedentes de la persona extranjera “pudieran comprometer” la seguridad nacional o la seguridad pública, en las enmiendas se dejó en claro que éstas circunstancias deben estar comprobadas.
La diputada Kristal Vences Valencia, presidenta de la Comisión, expuso que así se cuida el debido proceso y se respeta la presunción de inocencia de los ciudadanos extranjeros en nuestro país.
Además se agregó una fracción III al artículo 43 para incluir el supuesto de que los documentos o elementos aportados no sean auténticos, como una de las causales de deportación, pero se estableció la obligación del Instituto Nacional de Migración (INM) de verificar la documentación, por lo que ahora eso ya no queda, como estaba, a consideración de un servidor público.
En tanto, se incluyó que cuando “la autoridad judicial imponga a la persona extranjera sentencia firme” el Instituto valorará su condición migratoria en México, pero deberá atender los principios de readaptación social, así como los relativos a la unificación familiar.
La Comisión avaló otro dictamen por el que se modificó el artículo 52 de la misma Ley para ampliar de 7 a 17 días la autorización al extranjero nacional o residente de países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas mexicanas “con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen y sin permiso para recibir remuneración en el país”.
Con esta medida se podrá generar certeza jurídica a los visitantes y mejorar la economía de las fronteras, según el proponente, el diputado Luis Javier Alegre Salazar, de Morena.
En la Comisión se acordó citar a una reunión de trabajo a los titulares de Control Migratorio del INM, de la Secretaría Técnica del Fideicomiso para Exbraceros, y al responsable del Programa “3 por 1 para Migrantes” en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En la comisión se demandó esclarecer el destino que tendrán 200 millones autorizados este 2019 para el Programa “3 por 1 para Migrantes” que no se han liberado ni se ha expedido la convocatoria para su entrega, “no sabemos cómo esté y necesitamos saber en qué términos esté”, expuso el diputado Samuel Herrera Cháveza al pedir una reunión con funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del Fideicomiso Exbracero, y con la titular de la Secretaría de Bienestar.
