Con una amplia mayoría, de 25 votos a favor y sólo dos abstenciones, las comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron la minuta de la Cámara de Diputados con el proyecto de decreto que regula la subcontratación laboral, conocida como outsourcing.
El dictamen aprobado, que reforma las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación, establece que queda prohibida la subcontratación de personal, y sólo se permite en servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Esta reforma garantiza el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, reconocido en la Constitución cuyo monto tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, aplicándose el monto que resulte más favorable al empleado.
Además, establece una multa de hasta 5 mil Unidades se Medida y Actualización, equivalentes a 4 millones 481 mil pesos, a las empresas que violenten las disposiciones.
Levanta opiniones
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia, afirmó que se trata de una reforma trascendental e histórica que evitará la evasión fiscal de entre 300 mil y 500 mil millones de pesos al año que actualmente se registran en México por la contratación a través del outsourcing.
Sostuvo que se tiene que terminar con todo el abuso laboral que generó un sistema laboral “perverso e insensible”, diseñado sin considerar las necesidades sociales.
Reveló que aunque las cifras del gobierno hablan de 4.5 millones de trabajadores contratados bajo este esquema, en realidad son entre ocho y 10 millones, y aunque reconoció que este modelo se utiliza en todo el mundo, “en ningún otro país se ha deformado como en México, donde se usa para la simulación laboral, la evasión fiscal y la explotación”, dijo.
Los senadores de todos los partidos expresaron su decisión de respaldar estos cambios legales que buscan poner fin a los abusos y las violaciones a los derechos, aunque las panistas Kenia López y Erandi Bermúdez votaron en abstención para pedir que las sanciones entren en vigor hasta enero de 2021.
El panista Damián Zepeda explicó que su bancada presentará una reserva para que se dé tiempo a la entrada en vigor adecuada de esta legislación.
Señaló que, de entrada, no es explicable que para el gobierno entre en vigor el 1 de enero de 2022 y para los privados en agosto de 2021.
“Parecería que para el gobierno hay una aceptación de que no es tan fácil, pues se tiene que registrar en un padrón y llevar a cabo un montón de trámites. Qué bueno que sea así, pero le dan el tiempo suficiente al gobierno para hacerlo, con toda la maquinaria, la fortaleza, la infraestructura, con todos los funcionarios que tiene. Y al privado le dicen que en tres meses tiene que estar. Me parece que no es algo sensato”, argumentó.
La priista Claudia Ruiz Massieu afirmó que la subcontratación podrá existir, pero de una manera justa y fuera de toda sospecha, porque “quien sea contratado para una tarea bajo este esquema tendrá todos los beneficios de la ley”.
Dijo que muchas empresas usan este esquema no por perversidad, sino por necesidad, pero reconoció que ha afectado los derechos de los trabajadores, además de que lesiona las finanzas públicas. El dictamen será presentado hoy ante el pleno del Senado para su discusión y eventual aprobación.
