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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y organizaciones sociales denunciaron que las autoridades han sido negligentes con el cumplimiento de las Alertas de Violencia de Género (AVG), ya que los feminicidios siguen aumentando.
María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, informó que actualmente hay 19 AVG activas en el país y que 56% del país se encuentra bajo esta declaratoria.
Criticó que aunque estos procedimientos son fundamentales para frenar la violencia contra las mujeres, en muchas ocasiones son abandonados por los gobiernos estatales.
La defensora puso de ejemplo al Estado de México, donde según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han ocurrido 38 feminicidios en los primeros meses de 2019.
“Las autoridades se niegan a entender que la violencia feminicida es sistemática, la siguen viendo como algo aislado. Además, no hay coordinación entre las autoridades y destaca la ausencia del gobierno federal”, señaló Estrada Mendoza.
Lamentó que aunque han pasado casi cuatro años desde que se emitió la primera AVG en el Estado de México, los encargados de impartir justicia han sido incapaces de atender el problema.
Xipatl Contreras, antropóloga social y experta en temas de género, aseguró que, según un diagnóstico que realizaron en la entidad mexiquense, las autoridades argumentan que han cumplido con la declaratoria porque “pintan bardas y podan árboles con perspectiva de género, además de que realizan foros para hablar del tema”.
También criticó que la gran apuesta sigue siendo capacitar en temas de género a los ministerios públicos y a quienes atienden los feminicidios, aunque consideró que esa es una estrategia fallida.
Por su parte, Elsa Conde, titular del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la CNDH, recordó que Veracruz y Guerrero poseen dos AVG y son ejemplo de cómo estas declaratorias son ignoradas.
“Es urgente priorizar acciones relacionadas con la inhibición de la impunidad; [hay que] reparar el daño a las víctimas, garantizar el acceso a la justicia y a la verdad”, consideró.
Por último, alertó sobre cómo la política de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador podría afectar la atención y prevención de los feminicidios, pues instituciones clave podría sufrir recortes de personal.
