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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que las estancias infantiles de la Secretaría del Bienestar sí presentaron deficiencias en los requisitos de seguridad y calidad en el servicio durante 2017, pero el auditor superior David Colmenares Páramo negó que hayan recomendado al gobierno federal detener el flujo de los recursos.
“Estas recomendaciones no justifican en modo alguno la suspensión de apoyos a los derechohabientes aun cuando hubiera, también, algunas denuncias, como se empezó a manejar en un principio que, por una recomendación de la auditoría, habían suspendido la administración de los recursos. No porque detectamos una falla en Pemex vamos a detener la producción de petróleo, es absurdo”, dijo.
El reconocimiento que hizo la auditoría de estas irregularidades avala lo que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha argumentado para retirar el apoyo directo a las estancias y, a cambio, otorgarlo de forma bimestral directa a los padres de familia.
Pese a que las guarderías cumplieron con el objetivo de ofrecer atención a 327 mil 854 hijos de padres sin acceso a seguridad social, la auditoría detectó que en todas se carece de indicadores y metas para el desarrollo integral de los niños.
Colmenares Páramo detalló ante los diputados federales que el gasto promedio por año que el gobierno federal ejerció en las estancias de la entonces Sedesol, fue de 11 mil 500 pesos, es decir, 958 pesos mensuales.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en 2017, no pudo acreditar que de la 9 mil 399 guarderías a su cargo se cumplieran los requisitos de seguridad establecidos en las reglas de operación que emitía la dependencia cada diciembre.
Además, no todas pudieron comprobar que cumplieron con los criterios y requisitos de calidad establecidos en el programa para poder ser afiliadas, ni en la capacitación de los responsables del cuidado de los menores en materias como protección civil.
En cuanto a las estancias del ISSSTE y el IMSS, la auditoría informó que ofrecieron el servicio de atención a 236 mil 236 hijos de derechohabientes, y también presentaron anomalías en seguridad y calidad.
En el informe que se presentó en la Cámara de Diputados se señala: “No es posible comprobar que se dio acceso a la totalidad de los infantes para los cuales se solicitó el servicio”.
La auditoría identificó que de los 35 millones de pesos que se erogaron en la atención a los pacientes afectados por el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, 29 millones corresponden a bienes y servicios “donde no hay evidencia de que se hayan adquirido en las mejores condiciones”.
Sobre los Centros de Desarrollo Infantil de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se detectó que el programa careció de regulación normativa que garantizara la observación de los principios de selectividad, equidad y transparencia en la asignación de los apoyos.
La ASF informó que los recursos se entregaron de manera discrecional, ya que no se acreditaron los parámetros ni los elementos que consideró la SEP para el otorgamiento de los recursos a dichas organizaciones ni tomó en cuenta las necesidades de cada uno de los centros.
Los centros tampoco pudieron comprobar que se reintegraron los recursos a la Tesorería de la Federación, ya que se descubrieron gastos por conceptos que no se encuentran vinculados con la operación.
Se observó que una asociación civil que recibió recursos para la operación del programa no proporcionó documentación comprobatoria.
