A pesar de la ampliación en la protección de los Derechos Humanos derivada de la reforma constitucional de 2011 , menos del 1% de la población acude ante los tribunales federales a defenderse vía amparo .
Así lo consideró el ministro en retiro Guillermo Ortiz Mayagoitia quien destacó que tramitar un amparo implica un alto costo para cualquier ciudadano porque los abogados que realizan este servicio, regularmente están especializados para garantizar éxito en los juicios de este tipo.
“El Poder Judicial de la Federación recibe al año cerca de un millón de asuntos y si somos 120 millones de habitantes se puede decir que menos del 1% de la población recurre anualmente al juicio de amparo y a la Corte llegan mucho menos asuntos”, dijo.
“Promover un amparo requiere de especialidad, asesoría jurídica, pagar un abogado y las más de las veces no todo mundo está en condiciones de hacerlo”.
El ministro en retiro impartió una conferencia magistral en el IV Seminario de la Red de Abogados Latinoamericanos e indicó que en México existen leyes y jurisprudencias de avanzada en materia de derechos humanos de los niños y adolescentes pero en la práctica, este sector poblacional es constantemente vulnerado.
“Los derechos de los niños en la ley están muy avanzados, en la jurisprudencia están muy avanzados pero en la efectividad de los derechos tenemos problemas lacerantes, tenemos muchos niños en situación de calle, en orfanatos que no tienen una debida regulación, hay niños que no van a la escuela porque tienen que trabajar como si fueran adultos”, afirmó.
Durante su cátedra observó cómo en materia de derechos humanos la gran aliada en su protección es la jurisprudencia que fija los parámetros por los que los jueces deben guiarse para aplicar la Constitución.
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