A partir de mañana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pondrá en operación una oficina especial para investigar las desapariciones forzadas y la represión ocurrida a partir de la Guerra Sucia y hasta 1999.
Esta oficina funcionará como visitaduría especial para investigar los hechos ocurridos entre 1969 y 1999, informó ayer el organismo, cuando la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, participó en una manifestación en Palacio Nacional, la cual realizaron miembros del Comité Eureka, integrado por familiares de desaparecidos de la Guerra Sucia.
La organización fue fundada por Rosario Ibarra, madre de la titular del organismo autónomo, para buscar a su hijo Jesús, quien fue integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre y fue secuestrado por miembros de la Dirección Federal de Seguridad en Monterrey, Nuevo León, en 1975.
La titular de la CNDH señaló que estaba dividida por ser presidenta del organismo rector de los derechos humanos en México, pero también como integrante de Eureka, y recordó que mañana iniciará funciones la nueva visitaduría.
“En la CNDH hemos estado respaldando que se investiguen estos hechos. Por este motivo, el 9 de enero se anunció una fiscalía especial que iniciará como visitaduría para investigar los hechos de la represión en el pasado.
“Esta nueva visitaduría tiene alcances legales para poder investigar a funcionarios y exfuncionarios que pudieran dar a conocer información, analizar las pruebas y solicitar expedientes”, detalló.
Con carteles con el rostro de desaparecidos, la presidenta de la CNDH aseguró que los organismos que con anterioridad se han creado han derivado en simulaciones, por lo que aseguró que la nueva visitaduría busca saldar esta deuda.
“Una lucha histórica de las víctimas de la represión política del Estado ha sido el esclarecimiento de las detenciones arbitrarias, la tortura, el asesinato y la desaparición forzada de personas durante el periodo comprendido entre 1960 y 1990.
“A pesar de los esfuerzos realizados hasta la fecha y de la creación incluso de instancias institucionales, todo ha derivado en simulación y omisiones, por lo que sigue siendo una deuda del Estado con el pueblo mexicano”, dijo Piedra Ibarra al participar en la manifestación, la cual demandaba una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Destacó que para saldar esta deuda y tener acceso a la justicia, la CNDH creó el pasado 9 de enero la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente.
Dicha oficina tendrá su propio titular y será mañana cuando se le designen directores de investigaciones históricas.
También se comisionará a personal de las primera y sexta visitadurías que venían atendiendo el caso, junto con un grupo interdisciplinario, investigadores, así como profesionales de disciplinas relacionadas con la investigación y determinación de violaciones a derechos humanos, como historiadores, abogados, médicos, histopatólogos, odontólogos, antropólogos, químico-genetistas forenses, sicólogos y criminalistas.
“Si bien las investigaciones que llevará a cabo la oficina especial no serán de carácter penal, éstas podrán coadyuvar en las pesquisas realizadas por las autoridades.
“La oficina especial podrá aportar pruebas que faciliten el acceso final a la justicia y por ende a la verdad”, detalló.
El nuevo organismo se mantendrá en comunicación directa con las víctimas y con los familiares de los desaparecidos, con sus representantes, así como con las organizaciones que los acompañan para integrar los expedientes de quejas y en su caso del proyecto de recomendación.
Buscará determinar conductas u omisiones violatorias de derechos humanos, analizar el alcance que han tenido a los expedientes cuyos casos fueron trabajados por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero y el Programa de Personas Desaparecidas de la CNDH, además de cerciorarse de que las autoridades agotaran todas las líneas de investigación, entrevistar a funcionarios y exfuncionarios de todos los niveles de gobierno que pudiesen proporcionar cualquier tipo de información, dando atención especial a exmiembros de los aparatos de seguridad del Estado.
También se dedicará a analizar las pruebas y documentación obtenidas en investigaciones académicas o periodísticas, buscará información no consultada hasta la fecha y la solicitará a cualquier autoridad, haciendo la búsqueda en todos los archivos que se requieran.
“[Se indagarán] de manera profunda, hasta su esclarecimiento, los nombres de las víctimas y los casos concretos sujetos de investigación, así como visitar centros de detención clandestina identificados y buscar nuevos mediante testimonios, inspección de mapas, planos, fotografías aéreas de la época y diligencias en los lugares por parte del personal de la oficina especial y acompañadas de familiares de las víctimas”, agregó.
