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Pese a las voces que acusan que con esta reforma se perderán 4.5 millones de empleos, que habrá más informalidad, que sólo se busca recaudar 157 mil millones de pesos para el gobierno y que habría una disminución en el reparto de utilidades para los trabajadores, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma presidencial para regular el outsourcing o subcontratación.
Esta figura es cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.
Entre las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal y de la Ley del ISR, se especifica que sólo se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la firma, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público.
Esta reforma, que ya fue enviada al Senado para su análisis, alcanzó 348 votos a favor; 77 en contra, principalmente de Acción Nacional, y 32 abstenciones.
De último momento, el presidente de la Comisión del Trabajo, Manuel Baldenebro, propuso la adhesión de cuatro artículos con el fin de prohibir la subcontratación de personal en beneficio del gobierno federal en sus dependencias.
En el debate de este dictamen surgió una queja del PAN debido a que los integrantes de la iniciativa privada van a tener tres meses para regularizar a todos sus trabajadores con base al interior de sus empresas.
Sin embargo, el gobierno federal tendrá hasta el 1 de enero de 2022 para incluir a sus empleados en sus nóminas y lo erogado será con cargo al presupuesto aprobado de cada dependencia.
“Debemos darle leyes a las empresas, no obstáculos. [En] esta iniciativa (...) se le está dando un trato desigual a la IP que al sector público. Al sector empresarial le dan tres meses para regularizarse y migrar al nuevo sistema y en el sector público se les está dando un año.
“¿Por qué esas diferencias? Tenemos que ser cuidadosos con los 4.5 millones de empleados que están bajo este esquema y que, desafortunadamente, al no tener otra alternativa, van a caer en la informalidad”, dijo Carlos Valenzuela (PAN).
En este dictamen se establece un monto de la participación de utilidades que tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
Al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento se le notificará por instructivo para que comparezca a exhibir toda la información requerida, apercibido que, de no hacerlo, se presumirá que no cuenta con ella y en caso de impedir la inspección se hará acreedor de una multa de 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, 448 mil 100 pesos.
Además, precisa que a quien realice subcontratación de personal, así como a las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con el registro correspondiente, conforme a lo establecido en los artículos 14 y 15 de esta ley, se le impondrá multa de 2 mil a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir, 4 millones 481 mil pesos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar, de conformidad con la legislación aplicable. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dará vista de los hechos a las autoridades competentes.
Registros
La subcontratación deberá formalizarse mediante un contrato por escrito, en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho acuerdo formal.
Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con registro ante la STPS.
Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. El registro a que hace mención este artículo deberá ser renovado cada tres años.
