Con críticas del PAN, PRI y MC de que es un exceso, las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobaron la minuta del Senado con la que se crea la Ley de Austeridad Republicana .
Este proyecto, que ya fue enviado al pleno de la Cámara de Diputados para su aval, ya fue avalado por el Senado, y en caso de recibir el voto mayoritario del pleno se enviaría al titular del Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Este dictamen recibió críticas del PAN, PRI y MC debido a que consideraron un exceso el que se prohíba que un funcionario público que se haya desempeñado en un alto cargo en l a Administración Pública Federal tendrá que esperar 10 años para poder trabajar en la iniciativa privada.
El secretario de l a Comisión de Hacienda, Fernando Galindo, ejemplificó que no podía entender como un secretario de Hacienda, que reguló a muchas empresas por su función, no iba a poder trabajar en la iniciativa privada hasta después de 10 años .
Además, la diputada Fabiola Loya de Movimiento Ciudadano consideró como un “exceso” la restricción de que un funcionario tenga que esperar 10 años para poder trabajar en la iniciativa privada, a pesar de que están a favor de la austeridad. También criticó la desaparición de los fideicomisos como lo establece este dictamen.
Otro punto polémico que contiene esta minuta es que en la Ley de Austeridad, prevé que el Presidente de la República ejerza, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los ahorros del plan de austeridad que impulsa el Ejecutivo federal, lo que fue calificado por la oposición como una “partida secreta” que podrá ocupar el titular del Ejecutivo.
El artículo 61 de la Ley de Austeridad señala: “Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.
El artículo 24, que sufrió modificaciones, precisa que los servidores públicos que ocupen un puesto superior jerárquico y que tengan información privilegiada no puedan trabajar en la iniciativa privada por lo menos en 10 años, una vez que dejen el cargo, para evitar conflictos de intereses y corrupción.
También prohíbe a funcionarios la contratación de seguros de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva. Además, busca evitar el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias.
Además, elimina las pensiones de retiro a expresidentes distintas de aquéllas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). También se limita el uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y de los recursos humanos al servicio de éste.
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