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El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aprobó en lo general la propuesta de modificación del nuevo formato de declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses, conocida como 3de3.
Los formatos se aprobaron con un régimen de excepción para los jueces y magistrados, quienes no deberán llenar los campos de conflicto de intereses que el resto de los servidores sí tienen que completar.
“Alfonso Pérez Daza pidió que se redactara un párrafo al final que dijera que el Poder Judicial tiene su propio capítulo de impedimentos y conflictos de intereses que no corresponde a lo que los formatos establecen. Pidió que se incluyera eso para que quedara claro que el Poder Judicial, en ese terreno, iba a tener sus propios instrumentos”, explicó el presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña, quien votó en contra de esta propuesta junto con Irma Eréndira Sandoval y José Octavio López Presa, presidente del SNA.
“En términos redondos, significa una exclusión, una exención del Poder Judicial, lo que la secretaria Irma Eréndira Sandoval llamó un régimen de excepción”, dijo.
Como EL UNIVERSAL lo adelantó ayer, la propuesta plantea endurecer el formato 3de3 de forma que los servidores públicos de primer nivel y ahora también sus parejas y dependientes económicos tendrán que declarar detalladamente cuáles son sus empresas e inversiones, qué instituciones les dan o han dado dinero o de quiénes han recibido beneficios, y sobre la adquisición de bienes inmuebles, así como el disfrute de los mismos cuando son prestados o entregados en comodato.
Con lo aprobado, se tendrán que realizar las adecuaciones necesarias a la plataforma DeclaraNet para incluir los nuevos formatos, lo que tendría que estar listo antes de que termine 2019 y también se tendrá que replicar en los estados.
Estado de excepción. Uno de los puntos más álgidos de la discusión fue cuando Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, propuso que los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación no detallaran sus conflictos de intereses en la declaración 3de3, sino que se mantuvieran en el régimen específico al que están sujetos conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Penales.
“Cuyos supuestos no están previstos en este formato; por tanto, para ellos no aplica el llenado de este apartado. En materia de conflicto de intereses, los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación se rigen por un régimen especial, que es más estricto y específico”, dijo.
La titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, argumentó que permitir que los jueces y magistrados no llenaran el apartado de conflicto de intereses sería ponerlos en un régimen de excepción con respecto al resto de los funcionarios de la administración pública, y también en lo que ordena la Constitución.
“No debe privilegiarse ningún régimen de excepción para los servidores o funcionarios porque así lo dice la Constitución, así como la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Sistema Nacional Anticorrupción por la que nos regimos (...) La ley nos ordena el llenado del formato a todos los servidores públicos”, pidió.
Al final, con cuatro votos a favor y tres en contra, se aprobó agregar un párrafo que especifique que “los miembros del Poder Judicial de la Federación que realizan actividades jurisdiccionales deberán observar las disposiciones relativas al régimen específico de impedimentos al que están sujetos, cuyos supuestos no están previstos en este formato. Por tanto, para ellos aplicará el formato que autorice su órgano interno de control”, leyó Pérez Daza.
Puntos reservados. Se acordó reservar la aprobación de algunos puntos, que aparezca en la declaración el saldo de las cuentas bancarias, que no se hagan públicos los nombres de los hijos menores de edad de los funcionarios que tengan propiedades a su nombre. Que se especifique el sector o industria al que pertenecen todos los cónyuges, hijos y parientes cercanos, no eliminar de las versiones públicas los datos de terceros, y que de los 385 campos de datos que pidió hacer públicos se sumen otros 110 campos que deben ser públicos.
También se acordó volver a discutir en una sesión extraordinaria del comité si los funcionarios deben o no hacer pública su pertenencia a sindicatos, partidos políticos, así como a organizaciones de la sociedad civil, y con qué grado de decisión se cuenta, si es militante, participante activo o si tiene algún poder de decisión.
Para ello, se celebraría una nueva sesión de la mesa técnica para discutir estos temas pendientes, además que se celebraría una sesión extraordinaria del comité coordinador para volver a discutir y, en su caso, aprobar las reservas.
La interpretación de los formatos, su aplicación y seguimiento quedaría a cargo de la Secretaría de la Función Pública, excepto en el caso de los organismos constitucionalmente autónomos, así como de los Poderes Judicial y Legislativo.
