Con 91 votos a favor y 24 en contra, el pleno del Senado de la República aprobó las reformas a la Ley Federal de Consulta Popular, que regirán el sondeo de agosto próximo para decidir si se somete a juicio a los expresidentes.
La reforma pasó por la mayoría de Morena y sus aliados de PT, PES y PVEM, pero también con los votos del Partido Acción Nacional (PAN). Los senadores aprobaron en lo general las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular que, además, incluirán una opción para que las personas que participen puedan votar “Sí”, “No” o “Abstención”.
“Después de muchos años la población tendrá ese derecho de acudir a una consulta popular como característica o como instrumento de participación directa, proyectando un procedimiento más sencillo, accesible y permanente, en beneficio de la ciudadanía”, argumentó el senador Ricardo Monreal Ávila.
El dictamen define a la consulta popular como un instrumento de participación ciudadana, que se podrán someter a consulta temas de interés nacional o regional, y que sus resultados serán vinculantes para los poderes Ejecutivo y Legislativo.
No se podrá consultar la permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos por elección popular, la restricción de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los que México sea parte, el sistema financiero, el presupuesto de Egresos de la Federación ni las obras de infraestructura en ejecución.
El plazo en que deberá presentarse la petición de consulta popular será hasta el 30 de noviembre del año inmediato anterior al que se pretenda realizar la jornada de consulta.
Los formatos de aviso de intención y de obtención de firmas ciudadanas tendrán vigencia permanente y cualquier modificación a éstos deberá realizarse a más tardar el 31 de marzo del año en que se pretenda realizar el ejercicio de consulta popular. La recaudación de firmas podrá realizarse de manera digital.
El Instituto Nacional Electoral (INE) diseñará el formulario que se aplicará en la jornada de consulta popular y se agregará la opción de abstención; además, el INE garantizará la integración de nuevas mesas directivas de casilla para la jornada de consulta, habilitará los mismos inmuebles para la ubicación de las casillas que fueron determinados para la jornada electoral inmediata anterior y podrá crear centros de votación con las casillas que correspondan a la misma sección electoral. Los partidos políticos con registro nacional tendrán derecho a nombrar un representante ante cada mesa directiva de casilla. Las consultas se deberán organizar el primer domingo de agosto.
La inclusión de la opción de “abstención” fue la que más polémica generó entre legisladores de oposición, principalmente del PRI y de MC, quienes argumentaron que no participar en la consulta es en sí mismo la opción de abstenerse, por lo que no es necesaria.
El argumento fue que cuando la participación total corresponda al menos a 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores el resultado será vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo y para las autoridades competentes.
