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La decisión para mantener en definitiva la suspensión de la construcción del aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía fue aplazada para el próximo 20 de junio; hasta entonces, la obra permanecerá congelada.
Ayer el juez Cuarto de Distrito en el Estado de México difirió la audiencia incidental en la que resolvería si concederá o no la suspensión definitiva a favor de Juan Ramón Morera, quien solicitó un amparo contra la decisión del gobierno federal de cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco para sustituirlo por el proyecto de Santa Lucía.
Esto, debido a que para resolver sobre la suspensión definitiva, el juez ordenó la realización de una inspección judicial en la zona en la que será ejecutada la obra, pero no han sido notificadas todas las autoridades; en consecuencia, la diligencia fue reprogramada para el próximo 12 de junio.
En su acuerdo, el juez indicó a los interesados en el juicio que si lo estiman conveniente podrán acudir al desahogo de la inspección judicial y realizar las observaciones que estimen pertinentes.
Pero advirtió que vayan o no las partes, la inspección deberá realizarse.
En consecuencia, el gobierno federal no podrá continuar con la ejecución de la obra, pues prevalece la suspensión provisional decretada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Distrito el pasado 30 de mayo.
El amparo forma parte de los 147 juicios que fueron presentados en Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí contra la cancelación del aeropuerto de Texcoco y la construcción del de Santa Lucía.
La estrategia legal fue implementada por el colectivo #NoMásDerroches, conformado por organizaciones de la sociedad civil, despachos de abogados y más de un centenar de ciudadanos.
EL UNIVERSAL informó que no todos los amparos han sido admitidos aún, pues algunos jueces han declinado competencia para enviar los asuntos al Estado de México, debido a que en dicha entidad será realizada la obra; otros jueces requirieron a los quejosos precisar algunos datos.
José Mario de la Garza explicó a esta casa editorial que hasta el momento, el colectivo ha solicitado aproximadamente 40 suspensiones más para frenar tanto la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco como la construcción en la base aérea.
Los amparos buscan que el Poder Judicial de la Federación (PJF) “revise la legalidad de la cancelación del aeropuerto de Texcoco y asegure que el proyecto de aeropuerto internacional de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos ambientales requeridos”, indicó la organización Mexicanos Contra la Corrupción, organización que integra el colectivo.
“La cancelación injustificada del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco ha costado cientos de miles de millones de pesos a los mexicanos, la desaparición de 46 mil empleos directos y la pérdida de certeza jurídica y confianza de empresas nacionales e internacionales para seguir invirtiendo en nuestro país. Su sustitución por el proyecto de construcción del aeropuerto civil internacional en la Base Aérea Militar de Santa Lucía no resuelve el problema de saturación que existe actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, representa un riesgo importante para la seguridad aérea y, además, carece de los estudios técnicos, financieros, jurídicos y económicos necesarios”.
Además de afectaciones ambientales por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, los quejosos impugnaron la falta de autorizaciones en materia de aeronáutica relacionadas con la vialidad técnica del espacio y del lugar donde se pretende ejecutar la obra.
También cuestionaron que al Ejército se le adjudique de manera directa la realización de estos proyectos y solicitaron a los jueces revisar la legislación para determinar hasta dónde las Fuerzas Armadas están facultadas para construir un aeropuerto de uso civil.
El colectivo #NoMásDerroches está integrado por organizaciones como Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, A.C., Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), despachos de abogados y ciudadanos.
