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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado arrancó ayer una serie de mesas de alto nivel para destrabar los detalles de la reforma para regular la subcontratación laboral, cuyo dictamen está detenido en su proceso legislativo.
En la inauguración de los trabajos, el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal (Morena), destacó que la intención de los senadores “no es satanizar ni aterrorizar” con la reforma, sino “generar lo más cercano a la justicia social”.
Los encuentros están considerados de alto nivel porque participan integrantes del gabinete presidencial, líderes empresariales y representantes de organizaciones sindicales, así como los líderes de ambas cámaras del Congreso.
El ejercicio se realizó luego de que el 20 de febrero pasado el pleno del Senado avalara un acuerdo para incrementar el nivel del debate, después de realizar un ejercicio de parlamento abierto el 12 de febrero y antes de discutir el dictamen en la asamblea.
En la primera mesa, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, explicó que la subcontratación laboral ha reparado en delitos graves como el lavado de dinero y pérdidas millonarias por defraudación fiscal, sin contar la seguridad social de los trabajadores.
Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó que el motor de realizar las mesas de trabajo debe ser terminar con “las afectaciones a los trabajadores”, y no seguir afectando al fisco.
Chocan por dictamen
Ayer, líderes empresariales y de organizaciones sindicales chocaron en el inicio de las mesas.
Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, aseguró que restringir la figura de la subcontratación laboral “afectará la producción de las empresas”, atentaría “contra la permanencia del empleo en México y generaría incertidumbre a los inversionistas”.
El líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Isaías González (PRI), respondió que, gracias al régimen de subcontratación, las empresas “vienen violando constantemente el derecho al trabajo digno”.
Carlos Aceves del Olmo (PRI), líder de la CTM, pidió que no se importe ninguna práctica de contratación desde otros países, como Estados Unidos, y que se garantice “empleo para quien empieza y seguridad social para quienes se van”.
El senador Germán Martínez acusó que “esas prácticas ilegales de subcontratación son verdaderas estructuras de avaricia, ladronerías y sinvergüenzadas” en contra de los trabajadores y del gobierno.
Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo, dijo que las críticas al dictamen se deben a “un desconocimiento de lo que contiene”, y se dijo a favor de que la economía tenga un esquema de contratación “que no se deforme”.
