En el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cinco de sus actuales integrantes podrán intentar presidir el máximo tribunal del país aun si se consolida la extensión del mandato del actual ministro presidente Arturo Zaldívar; tres de ellos fueron nominados por el presidente Andrés Manuel López Obrador: Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara.
Además, este año el presidente López Obrador tendrá a su disposición otra vacante en la Corte, pues el ministro José Fernando Franco González Salas concluye su periodo en diciembre próximo, por lo que el nuevo integrante que nomine también podría participar en la siguiente contienda por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.
Entre los ministros que no fueron propuestos por López Obrador —pero que podrían competir por la presidencia de la Corte, aun si se avala la ampliación del mandato de Zaldívar, ya aprobada por el Congreso de la Unión— están Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek, quienes fueron designados en 2015 y tienen suficiente tiempo para aspirar a la sucesión al frente del máximo tribunal.
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Con la ampliación aprobada por la Cámara de Diputados, si es ratificada por el pleno de la propia Corte ante una eventual acción de inconstitucionalidad, el ministro Zaldívar permanecerá como titular de la SCJN hasta diciembre de 2024.
Voces de especialistas
Jesús de la Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), reconoció que en la Suprema Corte el procedimiento de elección de presidente no es muy transparente y que en este momento aún no está claro quién de los integrantes del pleno puede abanderar la sucesión presidencial sin el apoyo de Zaldívar o del gobierno actual.
“Parecería que la actual ampliación de mandato está muy pensada a corto plazo, porque no hay un claro candidato o candidata, pero lo que sí está claro es que la elección del próximo presidente de la Corte será bastante complicada y van a tener que negociar entre ellos, y ese es el problema de que no esté regulada”, comentó en entrevista.
Enfatizó que más allá de la inconstitucionalidad de la extensión del mandato, ésta tiene una consecuencia política grave en el interior de la SCJN.
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“Hizo un terremoto en el sentido de que rompe dinámicas, cálculos, acuerdos, esto es un puesto administrativo y de representación, lo que le da un poder al presidente de la Corte amplísimo, porque tiene recursos muchísimo más grandes para realizar cosas, incluso [por encima de] un secretario de Estado”, dijo.
En el mismo sentido, Hugo Concha, investigador del IIJ, consideró que lo trascendente de la presidencia de la SCJN es que este cargo puede ser el segundo más importante del país, razón por la que el proceso de sucesión en este contexto tiene otro impacto.
“Hay que recordar que ser presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura es probablemente asumir el cargo más importante y con más poder en este país, después del de Presidente de la República.
“La persona a cargo de esta doble presidencia ejerce un presupuesto arriba de los 65 mil millones de pesos, maneja a más de 50 mil personas y no son cualquier persona, sino aquellas que tienen a cargo la protección de nuestros derechos y de la Constitución, entonces es una figura que, al final del día, puede eventualmente ser quien en le ponga un alto al Presidente de la República”, precisó.
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Hasta ahora, de los ministros presidenciables, Piña Hernández es la duodécima mujer en ocupar un lugar en el pleno de la Corte y formó parte del grupo que votó por declarar inconstitucional la consulta popular planteada por el presidente López Obrador para enjuiciar a los expresidentes.
Laynez afirmó durante este debate que “la justicia no se consulta” y que la preguta planteada por el Jefe del Ejecutivo federal era inconstitucional.
Esquivel Mossa, quien destacó por su servicio público en la administración capitalina, ha mostrado mayor empatía con la presente administración durante los debates de casos contra la 4T.
En las impugnaciones contra la reformada a Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la ministra negó las suspensiones provisionales que le fueron solicitadas y fue una de las que votó a favor de la consulta para enjuiciar a expresidentes, sin cambios.
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Ríos Farjat, quien se deseempeñó casi toda su carrera en el servicio de asesoría jurídica privada, llegó al máximo tribunal a sustituir al ministro Eduardo Medina Mora, quien renunció en octubre de 2019.
Aunque admitió a trámite la impugnación contra el acuerdo de militarización de la seguridad pública del país, publicado el 11 de mayo de 2020, negó suspenderlo.
Los dos ministros que con la ampliación del mandato de Zaldívar se quedaron fuera de la contienda son Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, quienes llegaron a la Suprema Corte en 2012 y concluyen sus periodos como integrantes de la Corte en noviembre de 2027.
Gutiérrez Ortiz Mena admitió a trámite las impugnaciones contra la extinción de 109 fideicomisos públicos que eran financiados por el gobierno federal, pero negó suspender el decreto.
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Mientras que Pérez Dayán fue quien suspendió la aplicación de la original Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, antes de que su proyecto, por declararla inconstitucional, no fuera avalado por la mayoría calificada requerida.
Franco González Salas llegó en diciembre de 2006, nominado por el expresidente Felipe Calderón, por lo que saldrá este año.
El ministro realizó el proyecto que declaró inconstitucional la ampliación del mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, conocido como Ley Bonilla.
Durante la discusión de esta propuesta, Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que las violaciones constitucionales observadas por Franco González Salas constituyen un “gran fraude” a la Carta Magna.
En tanto, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo concluye su ciclo como integrante del pleno termina en 2026.
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Llegó a la SCJN en febrero de 2011, nominado por el expresidente Calderón y fue de los ministros que también votó por declarar inconstitucional la Ley Bonilla, al considerar que violentaba la certeza jurídica del voto.
Con el actual presidente de la Corte, el ministro Luis María Aguilar Morales concluirá su ciclo como integrante del pleno en el año 2024.
Aguilar Morales fue presidente de la CJF en el periodo anterior al de Zaldívar, de enero de 2015 a diciembre de 2018; su elección ocurrió en una votación histórica de 32 rondas, en 29 de las cuales empató con Zaldívar.
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Al igual que el actual ministro presidente, Aguilar Morales fue nominado para llegar al órgano del Poder Judicial en 2009 por parte también de Calderón.
Fue quien realizó el proyecto que declaraba inconstitucional la consulta para enjuiciar a los expresidentes, al calificarla como un “concierto de inconstitucionalidades”.
El proyecto no tuvo éxito en el pleno, pues los ministros aprobaron la consulta con una pregunta modificada por ellos mismos.