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Al arrancar el próximo gobierno, Andrés Manuel López Obrador acabará con viajes, borracheras y choferes como parte de un programa de austeridad y que pretende terminar con el influyentismo de servidores públicos, que tendrán como consigna atender a los ciudadanos con respeto, sin groserías ni majaderías.
Los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la política de austeridad republicana, que presentará próximamente el virtual presidente electo y cuya copia tiene EL UNIVERSAL, incluyen ordenamientos puntuales para apretar el cinturón a funcionarios.
Por ejemplo, ningún servidor público podrá viajar al extranjero sin autorización del secretario y la partida correspondiente a ese viaje se limitará a lo indispensable.
“Nadie podrá utilizar aviones ni helicópteros del gobierno. Se venderá esa flotilla. Los gastos de viáticos se limitarán a lo indispensable”, precisa el plan que echará a andar López Obrador el 1 de diciembre, cuando sea nombrado oficialmente Presidente de la República.
También quedará prohibido utilizar vehículos oficiales y otros bienes públicos para asuntos particulares.
Aunque en oficinas públicas está prohibido, el político de Tabasco estableció que ningún funcionario podrá asistir al trabajo en estado de ebriedad, mucho menos ingerir bebidas alcohólicas en las oficinas públicas.
En el plan general de austeridad, que López Obrador presentó a sus diputados locales, alcaldes y gobernadores en una reunión privada, se estipula que sólo tendrán apoyo de chofer los secretarios y subsecretarios del gobierno federal.
El documento incluye también una reducción de 70% de todo el personal de confianza y a aquellos que no sean recortados les aumentará la jornada laboral de lunes a sábado, sólo con un día de descanso y cuando menos ocho horas diarias de trabajo.
Incluso, a los servidores públicos se les prohibirá recibir regalos que excedan los 5 mil pesos. Esto, a pesar de que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala que los servidores públicos deberán abstenerse de exigir, aceptar u obtener cualquier tipo de regalo, obsequio o dádiva indebida con motivo de sus funciones.
“En caso de incumplir con esa obligación, las y los servidores públicos estarían incurriendo en una falta administrativa grave, que podría ser castigada con suspensión o destitución del empleo, sanción económica o inhabilitación temporal para ejercer un cargo”, indica dicha ley.
Los lineamientos de López Obrador pondrán bajo la lupa a los burócratas en la próxima administración, pues se prohibirá a funcionarios de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Energía y otras áreas que convivan en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas, concesionarios, grandes contribuyentes, proveedores o inversionistas vinculados a la función pública, con la finalidad de evitar cualquier conflicto de intereses.
De la misma forma, serán cancelados los fideicomisos y cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.
“Se reducirán a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos que ganen más de un millón de pesos anuales. El recorte será de manera progresiva, el que gana 2 millones al año va a tener más reducción”, explicó.
En ese punto, López Obrador pondrá el ejemplo y sólo recibirá la mitad de salario que actualmente percibe el presidente Enrique Peña Nieto.
La burocracia tampoco tendrá derecho a una caja de ahorro especial, dejará de existir la partida de seguro de separación individualizada y se suprimirá toda partida para gastos médicos privados.
Además, todo el que participe en la función pública deberá presentar su declaración de bienes patrimoniales y de familiares cercanos que serán transparentadas en todos los casos. Aunado a ello, tendrán prohibida la contratación de familiares.
A ninguno se les permitirá ordenar cerrar calles, detener el tránsito, no respetar los semáforos o estacionarse en espacios prohibidos.
Para dejar en claro que el próximo gobierno será austero desde el inicio de la administración, no habrá remodelaciones en oficinas públicas ni tampoco se podrá comprar mobiliario de lujo.
A sus próximos funcionarios públicos López Obrador les ha advertido que ni siquiera habrá adquisición de vehículos, tampoco se comprarán sistemas de cómputo, al menos en el primer año de gobierno.
Mientras que en cada secretaría del próximo gobierno federal no habrá más de cinco asesores y sólo tendrán secretarios particulares los secretarios del gabinete o equivalentes.
“No se autorizará la contratación de despachos ni de asesores o consultores externos para elaborar proyectos de ley, planes de desarrollo, informes de labores o cualquier tipo de análisis, redacción o recomendación que puedan hacerse con el trabajo y capacidad profesional de los servidores públicos”, indican los lineamientos.
El plan de austeridad hará obligatorio que se cuiden todos los bienes de las oficinas de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo. Así también se prevé evitar gastos innecesarios en oficinas para ahorrar electricidad, agua, telefonía fija, móvil, gasolinas y otros insumos pagados con el erario.
Asimismo, todos los programas y estructuras duplicados, oficinas mayores y de prensa se pasarán a una sola coordinación. Es decir, se va a centralizar la oficina de prensa de la Presidencia de la República y los secretarios no tendrán oficinas para medios de comunicación, pues será una sola.
Puntos contra la corrupción. López Obrador también dio a conocer los puntos que atacará contra la corrupción, los cuales van incluidos en los 50 lineamientos.
Uno de los principales puntos será cancelar toda labor de espionaje o intervención telefónica que afecte el derecho a la privacidad.
“El tema de inteligencia del gobierno estará exclusivamente dirigido a la prevención de delitos, combate a la delincuencia”, indicó en la reunión privada del pasado jueves.
En cuanto a las compras del gobierno, se harán de manera consolidada, mediante convocatoria, con observación tanto ciudadana como de la oficina de Transparencia de la ONU. Lo mismo se hará con los contratos de obras del gobierno.
Entre otros puntos, las policías de distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o particulares sin que tengan justificación.
