Ciudad de México.- En la Cámara de Diputados alistan la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con la que los grupos parlamentarios de Morena en el Congreso buscan establecer que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República.
Durante la sesión ordinaria de este martes, se dará publicidad a la minuta enviada desde el Senado de la República que establece que “ ningún servidor público recibe una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida pata el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
La norma que regulará los artículos 75 y 127 de la Constitución Política también establece que solamente en cuatro condiciones se podrá igualar o superar el sueldo del Jefe del Ejecutivo Federal.
El pasado 15 de julio, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que su salario neto mensual será de 108 mil pesos, es decir 1 millón 296 mil al año.
Estas son que el servidor público en cuestión desempeñe varios puestos de trabajo, siempre y cuando cuente con un dictamen de compatibilidad correspondiente para estos encargos; que el contrato colectivo o las condiciones del trabajo lo requieran; se considere un trabajo técnico calificado o de alta especialización.
Los entes de gobierno y los organismos autónomos deberán hacer público un tabulador de sueldos con el mínimo y el máximo permitido en cada institución.
Además, los servidores públicos que perciban un incremento en su salario sin motivo aparente, deberán notificarlo a su jefe inmediato.
“Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no pueden clasificarse como información reservada o confidencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie”, indica la minuta.
La legislación también busca adicionar el capítulo V Bis al título décimo del libro segundo del Código Penal Federal para que quienes reciban más ingresos que lo establecido para el Presidente, sin poder comprobar alguna excepción, además de incurrir en responsabilidad administrativa y política, se le considere culpable del delito de remuneración ilícita.
