Más Información
politica@eluniversal.com.mx
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, alista la iniciativa con la que busca darle marco jurídico a la creación de sus “superdelegados” estatales, quienes tendrían el control de los programas federales en cada estado y municipio.
Según un proyecto de iniciativa que busca reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del cual EL UNIVERSAL posee una copia, se planea la “eliminación” de las delegaciones federales existentes en las entidades de la República y busca crear las “coordinaciones generales para el desarrollo de programas.
“[Éstas] desarrollarán tareas de conexión y actividades para promover los planes y programas del gobierno federal, con la finalidad de implementar políticas públicas incluyentes, sin las cuales no es posible obtener un beneficio social para toda la población”, detalla el documento.
Se describe la creación de estas unidades administrativas, las cuales tendrán como función las tareas de coordinar acciones entre autoridades estatales y municipales con el Ejecutivo Federal, para “tener un gobierno más cercano a la gente.
“Se propone la eliminación de la figura jurídica de las delegaciones y la subsistencia de las subdelegaciones que operan hasta el día hoy, ambas [delegaciones y subdelegaciones] se convertirán en las oficinas de representación de las dependencias y entidades. Las subdelegaciones dependerán de la coordinación general únicamente para efectos de enlace entre las entidades y la autoridad central”, define el texto.
Según el texto que presentarían los diputados federales de Morena en los próximos días, los coordinadores generales serán designados por el Presidente y dependerán del jefe de la Oficina de la Presidencia.
“Los titulares de las coordinaciones generales para el desarrollo de programas serán designados por el Presidente de la República y dependerán jerárquica y funcionalmente del jefe de la Oficina del Presidente, asimismo, contarán con las facultades que señale el reglamento de dicha oficina, así como con las facultades que en la materia determinen los reglamentos internos de las dependencias y entidades, ya que contarán con ciertas facultades de forma concurrente”, detalla el documento.
Racionalidad. Se establece que se hará una revisión integral de las 2 mil 300 delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación de dependencias y entidades de la administración pública federal.
Y “las dependencias y entidades de la administración pública federal tendrán que racionalizar su actuación para dar mejor atención a los problemas. Aquellas delegaciones cuya presencia no se considere útil y resulte onerosa al presupuesto federal deberán ser eliminadas. Para ello se propone un plazo que permita identificar todos los factores que están relacionados con su vigencia y, sobre todo, la verificación y transparencia en el uso y destino de los recursos públicos”, detalla el proyecto de iniciativa.
Las coordinaciones verificarán las acciones estratégicas en materias prioritarias y llevarán a cabo la supervisión y el cumplimiento de la gestión de la prestación de servicios y trámites de programas a cargo de las dependencias y entidades federales.
“Habrá que sustituir la figura de las delegaciones federales existentes en las entidades federativas. La transición de un esquema de gestión hacia otro modelo impactará en una reforma de orden no sólo legal o regulatorio, sino administrativo, pero, sobre todo, en la determinación de quien será el servidor público que actuará como responsable frente a la aplicación de una norma legal o reglamentaria, cumpliendo con la visión de cercanía que se debe tener hacia el ciudadano”, describe la iniciativa.
Explica que la intención es prever en el ordenamiento rector de la gestión pública, la figura de las coordinaciones generales para el desarrollo de programas, que será el área administrativa encargada de conocer el sentir de la ciudadanía respecto a la satisfacción de los trámites y servicios brindados por las dependencias o entidades que habrán de seguir funcionando a nivel local.
Desarrollo de programas. Se dispone, además, la existencia de una sola coordinación general para el desarrollo de programas por entidad federativa, las funciones de la coordinación deberán encontrarse reguladas en el reglamento de la Oficina de la Presidencia y en los reglamentos internos de las dependencias de la administración pública federal.
Las subdelegaciones se convierten en las oficinas de representación en las entidades federativas y habrán de ejercer las facultades y las atribuciones que por materia hoy atienden.
El periodo de transición establece que a los 90 días de su entrada en vigor, los titulares de las dependencias y entidades lleven a cabo las adecuaciones correspondientes a los reglamentos interiores de las dependencias y entidades de la administración pública.
