Más Información
Analistas calificaron como grave el recorte presupuestal al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pues impacta en el acceso al derecho fundamental a la conectividad, a internet y a la competencia efectiva en telecomunicaciones y radiodifusión.
El Presupuesto de Egresos 2020 contempla recursos por mil 541 millones de pesos para el regulador, lo que representa casi 200 millones de pesos menos de lo planteado en el proyecto de presupuesto.
Tras la reasignación del gasto, en un comunicado, el regulador indicó que hará un exhaustivo análisis sobre los proyectos que deberá cancelar o posponer.
Agregó que ha contribuido con la recaudación de ingresos públicos del gobierno federal con 106 mil millones de pesos, y el costo de operación del IFT representa una décima parte de esta cifra.
Javier Tejado, analista en telecomunicaciones, destacó que “esos ahorros de hoy nos saldrán caros como país y consumidores en el mediano plazo.
“La planeación de toda la estrategia de comunicación nacional, el cuidado de posiciones orbitales, la ciberseguridad y la regulación de operadores de gran tamaño es algo que cuesta mucho dinero y requiere perfiles especializados. Es el segundo año que se restringen apoyos a este sector y sus funcionarios”, subrayó Tejado.
Cualquier disminución presupuestal a su diseño institucional es un ataque directo, no al IFT, sino a la protección de los derechos fundamentales en materia de conectividad y, de manera paralela, a otros que habilita, como salud, educación o protección de datos en el mundo digital, aseguró Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy and Law.
“Este recorte no afecta al IFT, ataca y busca conculcar la tutela jurídica en materia de derechos de conectividad y derechos digitales de los ciudadanos; es uno de los temas más graves que he visto en los últimos casi 30 años en los que me he dedicado a este negocio”, señaló el experto.
Negrete comentó que hay órganos que tienen bajo su tutela la protección y habilitación de derechos fundamentales, como es el caso del IFT.
“Es un órgano que no gestiona concesiones. No sólo resuelve temas de competencia, sino que la función más relevante y estratégica que tiene el IFT es la de ser el habilitador de los derechos fundamentales derivados del artículo sexto de la Constitución en materia de garantizar el acceso a internet, servicios de telecomunicaciones, banda ancha y TICs”.
Miguel Flores Bernés, abogado experto en competencia económica, coincidió en que resulta grave este recorte presupuestal.
“Manda una señal de que no hay un apoyo total a las labores importantes que hace el IFT. Cualquier recorte que se haga a los órganos autónomos es grave, y lo que hará es afectar sus labores, que son muy importantes”, indicó Bernés.
