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Una de las misiones más delicadas que tiene el Estado es garantizar la seguridad jurídica en las próximas elecciones de 2018, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar.
En su tercer informe de labores, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal reconoció ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que el próximo año el proceso electoral que enfrentará el país será complicado y enfatizó que es obligación de todos cumplir y hacer cumplir las leyes para favorecer el contexto de paz social requerido.
En el acto, al que asistieron integrantes de los tres Poderes, destacó: “En los albores del seguramente complicado proceso electoral del año próximo, debe reafirmarse que una de las misiones más delicadas del Estado es garantizar la seguridad jurídica.
“Los ciudadanos debemos estar conscientes de que cumplir con la ley, con nuestros deberes, favorece la paz social. Exijamos, sí a la autoridad, el cumplimiento de la ley, pero también seamos nosotros ciudadanos conscientes de cumplir con nuestras obligaciones”, expresó.
Aguilar Morales enlistó los temas relevantes en los que trabajaron los integrantes del Poder Judicial. Entre ellos, señaló los trabajos en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y reiteró que no es tarea ni responsabilidad de los juzgadores mejorar las condiciones de seguridad del país.
“Lo he dicho y lo repito, no es tarea ni responsabilidad del Poder Judicial de la Federación mejorar las condiciones de seguridad del país; nosotros, los juzgadores, cumplimos juzgando frente a la sociedad, conforme a los derechos reconocidos por la Constitución, labor que no vamos ni podemos abandonar por cualquier crítica que se haga, lo único que nos corresponde obedecer es la ley”, enfatizó Aguilar.
“El sistema acusatorio no es un sistema de prisiones o libertades, es un sistema sustancialmente de protección de derechos fundamentales”, destacó el presidente de la Corte.
El presidente Enrique Peña Nieto arribó a la sede de la Corte, ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, poco después de las 13:00 horas y saludó a algunas personas que aguardaban afuera.
Rechazo a filtraciones. En su mensaje, Luis María Aguilar afirmó que los integrantes del Poder Judicial que filtren información sobre alguna investigación interna contra otro de sus compañeros para desprestigiarlo deben ser sancionados y esta práctica debe ser desterrada.
Fuentes federales informaron que en el último año los órganos jurisdiccionales del país se han enfrentado a desencuentros internos que han derivado en venganzas, mediante el desprestigio contra integrantes del Poder Judicial por parte de sus propios compañeros o subalternos.
Aguilar Morales condenó a los funcionarios que propagan “meras suposiciones de responsabilidad” para desacreditar a sus compañeros.
“Formulo mi condena más enérgica a aquellos funcionarios o empleados que sin ética alguna, sin respeto a los derechos humanos y con bajeza de humanidad, difunden y propalan determinaciones que sólo son meras suposiciones de responsabilidad que pudieran o no generar un procedimiento de responsabilidad por el que habría de juzgarse a algún servidor público.
“Esta práctica no sólo debe desterrarse, sino sancionarse cuando con ello se afectan los derechos fundamentales y se expone de manera absolutamente injustificada a algún funcionario público al descrédito, sin haberse seguido un procedimiento en el que se respete el debido proceso legal”, indicó.
En materia de sanciones, Aguilar Morales aprovechó para lanzar la advertencia de que la SCJN continuará castigando con destitución y consignación penal a quienes no cumplan con las sentencias de amparo conforme a lo establecido en la ley.
Durante 2017 se triplicó el número de investigaciones contra integrantes del PJF derivadas de quejas y denuncias, pues fueron iniciadas 290 indagatorias, mientras que en 2016 el corte fue de 94. De estas investigaciones fueron sancionados 407 servidores públicos y se inscribieron 341 más en el Registro de Servidores Públicos Sancionados.
“Es claro que en el Consejo de la Judicatura Federal no se tolera conducta alguna que sea contraria a la ley y se toman las medidas necesarias para combatirlas”, dijo.
La Comisión de Disciplina y el pleno del CJF castigó a 76 servidores públicos, siete de ellos magistrados de circuito; 14 jueces de Distrito y 55 personal subalterno adscrito a diversos órganos jurisdiccionales.
Las penalizaciones van desde apercibimientos privados, amonestaciones, siete suspensiones y una destitución de un Juez de Distrito.
Funcionarios del PJF detallaron que al informe del ministro Aguilar, además de los plenos de la SCJN y del CJF, asistieron los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina-Armada, Francisco Vidal Soberón Sanz; de Hacienda, José Antonio González Anaya, y la titular de la Función Pública, Arely Gómez González.
También asistieron los presidentes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.