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Ciudad de México.- Si la reforma electoral desaparece los Organismos Públicos Locales se pondrán en riesgo los derechos político electorales de las comunidades indígenas y su representación en congresos locales, ayuntamientos, sindicaturas o regidurías, advirtieron expertos electorales.
En el Foro sobre reforma electoral realizada en la Cámara de Diputados , la ex magistrada María del Carmen Alanís propuso aumentar el número de distritos indígenas en el país, hacer obligatorio para los partidos el registro de candidatos pertenecientes a etnias y con ello incrementar drásticamente la presencia de ciudadanos con ascendencia indígena en la Cámara de Diputados y en el Senado.
Conforme a su propuesta, todo distrito con 30 % de población indígena (hoy son 13 distritos donde hay presencia indígena en el 60 % de población) deberá contar con candidatos con esa ascendencia y además con paridad de género.
En el Senado, las entidades con más de 30% de población indígena se exigiría que al menos una de las dos fórmulas de mayoría relativa sea para población indígena.
En las listas de candidaturas plurinominales de diputados y senadores también se haría exigible la postulación de abanderados pertenecientes a las etnias.
Todo cambio al modelo electoral impactará en las comunidades indígenas y ningún cambio será significativo si no son incluidos,
advirtió Rita Bell, consejera del Organismo Público Local de Oaxaca.
Recordó que se han hecho elecciones con su propia norma en Cherán- Michoacán, Ayutla de los Libres en Guerrero y Oxchuc en Chiapas.
Además en Morelos, recientemente se crearon los municipios de Hueyapan, Coatetelco y Xoxocotla como indígenas y los hay en Nahuatzen en Michoacán, Tecoanapa en Guerrero, Sitalá y Chilón en Chiapas, que han iniciado los procesos correspondientes para poder elegir a sus autoridades bajo su propio sistema.
En el caso particular de Oaxaca, desde 1995 fueron reconocidos por el estado las elecciones por Usos y Costumbres en 412 municipios y a la fecha, contamos con un total de 417 municipios que eligen a sus autoridades por su propio sistema normativo de un total de 570 municipios que conforman la entidad.
Si los OPL desaparecen eso “impedirá que el INE atienda las necesidades de los pueblos indígenas, se requieren consejos especializados indígenas”, estableció.
Incluso el ex consejero del INE Javier Santiago Castillo reconoció que el INE “no tiene el conocimiento del territorio político y geográfico ni de las zonas indígenas” y la muestra fueron las elecciones de presidentes de comunidades en Tlaxcala, en 2015.
Ese proceso “se volvió un enredo tremendo, se le dio categoría de órganos de representación política y se complejizaron” a tal grado que hubo un alto nivel de anulación, y en fiscalización “salió más caro el caldo que las albóndigas era más cara la fiscalización que el tope de campaña”.
La magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Carreón estableció que las reforma electoral
requiere modificar reglas para que estas comunidades accedan a las candidaturas independientes y a la justicia, con sentencias en dialectos y notificadores que hablen lenguas originarias.
