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Más de 30 organizaciones de la sociedad civil advirtieron que la propuesta de crear una Sala Especializada en Anticorrupción en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amenaza la independencia de la impartición de justicia.
La reforma al Poder Judicial de la Federació n fue propuesta el pasado cuatro de abril por el senador de Morena, Ricardo Monreal y prevé aumentar a 16 el número de ministros .
A través de una carta, 32 organizaciones como Causa en Común, la Academia Mexicana de Derecho Fiscal y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), indicaron que la iniciativa pone en riesgo los controles y contrapesos “que deben existir en todo Estado democrático de Derecho”.
“El aumento de la cantidad de integrantes de las más altas instancias del Poder Judicial es una estrategia bien conocida a la que han recurrido los poderes políticos en otros países, con el fin de aumentar su influencia sobre las decisiones de tribunales constitucionales o cortes supremas”, indicaron.
Indicaron que un incremento de ministros abre la oportunidad para designar perfiles afines, cercanos y obedientes, justificándose en la necesidad de mayor eficiencia y/o combate a las deficiencias del poder judicial.
“En su iniciativa, Morena argumenta que ‘se requiere establecer un órgano judicial abocado exclusivamente a resolver asuntos en materia de corrupción, a efecto de que […] se logre un avance sustancial en la resolución de los expedientes, y a la vez se homologuen los criterios jurisprudenciales’.
“Aunque en apariencia la propuesta persigue fines positivos, ésta no se puede disociar de anteriores iniciativas que pueden afectar al Poder Judicial, ni de los recientes nombramientos de dos nuevos ministros llevados a cabo mediante procedimientos sumamente cuestionados, ni tampoco del reciente e insólito nombramiento de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)”, señalaron.
Agregaron que una reforma de esta índole colocaría a México en el grupo de países que han visto socavada la independencia judicial por propuestas emanadas del poder político mayoritario como Polonia, Argentina Venezuela, Turquía y Hungría.
Reconocieron que es imprescindible combatir la corrupción en todos los niveles pero consideraron la iniciativa como inadecuada debido a que se resquebrajaría la independencia judicial y la capacidad para juzgar imparcialmente; no se basa en diagnósticos rigurosos y objetivos, que especifiquen la relación entre medios y fines y modificaría la naturaleza de la Suprema Corte como tribunal de control constitucional.
“Hacemos un llamado a los senadores para no aprobar esta reforma. Sin duda es necesario reforzar la política de combate a la corrupción, pero consideramos que esto pasa por fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, no por crear una nueva Sala de la Suprema Corte especializada en esta materia. Sin duda, son necesarias reformas al Poder Judicial Federal, pero con el fin de fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas y blindar su independencia, no para socavarla”, enfatizaron.
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