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El Estado mexicano no ha impulsado políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos humanos y la reinserción exitosa de los connacionales deportados al país advirtió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Al presentar el estudio "Políticas multinivel para el desarrollo y la (re)inserción de migrantes mexicanos y sus familias", Édgar Corzo Sosa, quinto visitador de la CNDH, quien acudió en representación del titular del organismo Luis Raúl González Pérez dijo que las medidas que como país se deben implementar para atender adecuadamente este fenómeno “deben ir más allá de la mera entrega de cartillas informativas o la agilización de trámites fronterizos".
El documento presentado indica que entre 2005 y 2010 el número de mexicanos repatriados alcanzó
824 mil personas, mientras que entre 2010 y 2015 bajó a 443 mil migrantes retornados, es decir 46%.
Ante esta situación la Comisión Nacional llamó a los legisladores mexicanos a crear una iniciativa que aborde de manera exclusiva el tema del retorno voluntario o forzado de nuestros connacionales, “una legislación que pueda aplicarse también a solicitantes de asilo, así como a migrantes que se encuentran en tránsito en México rumbo a Estados Unidos”.
De acuerdo con Corzo Sosa, el estudio revela que no existe coordinación entre las diferentes secretarías y dependencias de los distintos órdenes del Estado mexicano. “Por lo que es urgente que se formule una política integral sobre migración de carácter nacional”.
El estudio enfatiza en que existen entidades que no cuentan con leyes que tomen en cuenta a las personas que regresan de Estados Unidos.
“HAqace falta una regulación especial en materia de retorno, ya sea mediante la inclusión en un capítulo de una Ley General o bien mediante la propuesta de una nueva ley que aborde exclusivamente el tema del retorno en la que se homologuen definiciones para que la política pública pueda operar desde la transversalidad".
Édgar Corzo indicó que la CNDH entregará los resultados del estudio a las secretarías de Relaciones Exteriores con la finalidad de que se refuercen las políticas públicas para atender a los migrantes retornados.