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Un juez federal con sede en el penal de El Altiplano, Estado de México, giró una nueva orden de aprehensión contra Rosario Robles, presa en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso de la Estafa maestra.
El juzgador también ordenó la detención del excoordinador de Delegaciones de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Robles, Simón Pedro de León Mojarro, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.
Las nuevas acusaciones son derivadas de la denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, ante la Fiscalía General de la República (FGR) el 11 de septiembre de 2019, asentada en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019.
En la denuncia se da cuenta de presuntas operaciones de empresas fachada o factureras que simularon la subcontratación de servicios con universidades públicas que recibieron recursos de las Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que estuvieron bajo el mando de Robles, quien está en prisión desde hace más de dos años por el desvío de más de 5 mil millones de pesos.
Ruta del dinero
Autoridades federales hallaron la ruta del dinero de los desvíos millonarios de la Estafa maestra, el cual llegó hasta países como Panamá y España.
Según la carpeta de investigación, gran parte del dinero desviado salió de las arcas públicas en efectivo y por traslados de valores a domicilios particulares.
La UIF detectó que se realizaron otros depósitos en el extranjero, por lo que las autoridades solicitaron información financiera a países como España y Panamá para cuantificarlos.
En ese sentido, la pista que siguen las autoridades apunta a depósitos por 76 millones 926 mil 68.85 pesos, así como retiros por 137 millones 708 mil 832.19 pesos y 470 mil 865.17 dólares.
El esquema fue ejecutado por servidores públicos del gobierno federal en el sexenio pasado para fondear cuentas de personas físicas sin razón aparente, indican las pesquisas.
En la denuncia radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la SEIDO también están señalados como responsables Emilio Zebadúa y Ramón Sosamontes, exoficial mayor y exjefe de oficina de la Sedesol y de la Sedatu, respectivamente, quienes fueron colaboradores cercanos de Rosario Robles.
A Ramón Sosamontes, la UIF lo señaló porque es socio de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual, S. A. de C. V., que recibió contratos de obra pública federal en Sedesol y Sedatu, por lo que se presume que incurrió en conflicto de intereses y posibles actos de corrupción.
En el caso de Zebadúa, quien fungió como apoderado de dos cuentas concentradoras a nombre de la Sedatu, se detectó que al menos 16 millones 385 mil 899.84 pesos fueron transferidos a cuentas de otras cuatro personas físicas que no tenían relación con la dependencia federal.
Además, la UIF ubicó movimientos inusuales de Zebadúa y sus hermanos José y Lourdes, quienes gastaron casi 142 millones de pesos en tarjetas de crédito y casinos sin que esta cantidad se ajuste al perfil transaccional que tienen, por lo que, en su denuncia, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que estos activos pueden provenir de los desvíos de la Estafa maestra.
Desde el reclusorio, la exsecretaria acusó que los nuevos cargos en su contra se tratan de una “infamia” con el propósito de mantenerla en la cárcel. Dijo que es la “presa política del sexenio”.
La experredista también afirmó que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador “revive lo más rancio de un sistema político que se suponía superado.
“Premia las delaciones y falsedades de delincuentes confesos, ya que los dichos de Emilio Zebadúa, además de falsos, son un acto de cobardía y traición”, pues, aseguró, ella nunca dio instrucciones de desviar dinero y “eso nunca lo van a poder probar”, manifestó Robles.
Hasta la noche de ayer, el abogado de Rosario Robles, Epigmenio Mendieta, destacó que no habían sido notificados de la nueva orden de aprehensión contra la exfuncionaria federal.
