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Un juez federal concedió más tiempo a Rosario Robles para que su defensa reúna datos de prueba a su favor antes de definir si la vinculará o no a proceso por ejercicio indebido del servicio público.
El juez de control José de Jesús Delgadillo Padierna, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, citó para el próximo lunes a las 18:00 para la continuación de la audiencia inicial debido a que la defensa de la exfuncionaria afirmó que presentará datos de prueba, entre los que se encuentran entrevistas a testigos.
Lo anterior es debido a que supuestamente desde junio de 2014, cuando encabezaba Sedesol, y hasta su salida a Sedatu en 2018 tuvo conocimiento de que en ambas dependencias sus colaboradores suscribían convenios de manera irregular con entes como universidades estatales, televisoras locales, oficinas de Comunicación Social e institutos tecnológicos del país.
A través de 26 instrumentos jurídicos de este tipo, las dos secretarías supuestamente pagaron millonarias cantidades a los contratados por servicios que ni se requerían ni se realizaron, afirmaron los fiscales.
Tales conductas, realizadas por terceras personas, provocaron un daño al erario federal por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos y, según lo argumentado por la FGR, Rosario Robles omitió informar al expresidente Enrique Peña Nieto de los supuestos desvíos de recursos públicos, pese a estar obligada por ley.
Se trata de José Antolino Orozco Martínez, María del Carmen Gutiérrez Medina y Marcos Salvador Ibarra Infante, quienes estuvieron bajo el mando de Rosario Robles en Sedesol y Sedatu.
Con los datos de prueba, la FGR consideró que Robles incurrió reiterada y dolosamente en omisiones con las que permitió y siguió generando que las terceras personas que firmaron los convenios con los que se realizaron los millonarios desvíos continuaran realizando conductas como simulación de contratos, suplantación de funcionarios y falsificación de firmas en las dos dependencias que encabezó.
Por ello, la fiscalía la señaló como autora directa de ejercicio indebido del servicio público y solicitó vincularla a proceso.
Aunque de inicio el juez de control del Reclusorio Sur afirmó que resolvería su situación jurídica en la misma diligencia, los abogados de Robles Berlanga solicitaron la duplicidad del plazo constitucional para recabar datos de prueba, tales como las entrevistas a los testigos que la FGR tiene contra ella.
En consecuencia, el juez citó para las 18:00 horas del próximo lunes para definir si la vinculará o no a proceso por el delito que le imputó la fiscalía, el cual no merece prisión preventiva de oficio.
“Estaré aquí como el día de hoy, de forma voluntaria. Estaba fuera del país y cuando me enteré de esta situación regresé inmediatamente y vine voluntariamente. Estaré aquí el próximo lunes a la hora indicada”, señaló la exsecretaria.
Entre los principales colaboradores de Rosario Robles que supuestamente firmaron los convenios irregulares destaca Emilio Zebadúa, quien fue su oficial mayor tanto en Sedesol como en Sedatu.
En la diligencia, la defensa de Robles dio a conocer que Emilio Zebadúa utilizó un amparo ante el juez Tercero de Distrito de Chiapas, que le concedió una suspensión provisional que lo protege de ser detenido, a pesar de que hasta el momento la Fiscalía General de la República no ha confirmado la existencia de ningún mandamiento de captura en contra de él.
