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El gobierno mexicano afirmó que espera que este año concluyan las investigaciones en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sin embargo, abogados y familiares de los normalistas acusaron que el Estado trata de evitar la reunión programada para mayo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por que en esa fecha estará el proceso electoral en nuestro país.
Al realizarse la audiencia solicitada sobre el caso Ayotzinapa por la CIDH
en marcos de su sesión 167 periodo de sesiones, en Bogotá, Colombia, los familiares de los jóvenes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, señalaron que las investigaciones que realiza el gobierno mexicano no han tenido ningún avance hasta el día de hoy .
Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, indicó que durante 2017, el gobierno mexicano llevó el caso con lentitud, debido a que el cronograma de diligencias que elaboró el Estado mexicano y que contempla cumplir 11 puntos de investigación en un lapso de julio a octubre del año pasado “ninguno de los puntos se ha cumplido, al contrario, el 80% de este cronograma permanece incumplido”.
Mario César González Contreras, padre del normalista César Manuel González Hernández, aseguró que las autoridades “quieren suspender la reunión de mayo porque hay elecciones en México, porque para ellos, para el Estado es más importante las elecciones que ayudar a las víctimas a encontrar la vedad".
Ante este señalamiento Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó que el gobierno mexicano acatará cualquier mandato que decida la CIDH.
“La decisión si hay o no una audiencia en mayo debe de tomarse a la luz de la decisión que tome la Comisión sobre todas las audiencias en países que están pasando procesos electorales. Si la CIDH decide que si se debe o pueden tener audiencias nosotros nos atenemos a su decisión, Si la Comisión decide otra cosa, obviamente nosotros seguiremos la decisión que ustedes decidan”, dijo.
El subsecretario afirmó que el compromiso del gobierno mexicano es llegar a conclusiones sobre el caso Iguala este mismo año, “que no quede duda que este gobierno asume su deber de procurar la justicia y que la meta es concluir y dar respuestas que legítimamente nos demandan los padres y los mexicanos. Llegaremos a la verdad y es un compromiso".
