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La Cámara de Diputados se apresta a abrogar la
, emitida hace 103 años y que, aunque inoperante, aún hoy mantiene sanciones a los delitos de ataque a la “moral pública”, a la vida privada, a las “buenas costumbres o a la paz pública”.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside la diputada Rocío Barrera, anunció hoy una agenda integral de
, que consiste en reformas a más de 12 ordenamientos legales para garantizar el derecho a informar.
En una primera etapa, se presentarán propuestas de enmiendas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas , al Código Civil Federal en materia de daño moral, y la misma abrogación de la Ley de Imprenta, que data de 1917.
El objetivo es “hacer de México un país donde el ejercicio de los derechos humanos y las libertades constitucionales no suponga un riesgo a la integridad de las personas”, dijo Barrera.
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La agenda cuenta con el apoyo de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano (MC), PT, entre otros, además del apoyo de organizaciones civiles, y se espera concretarla con votación en el pleno, en este periodo ordinario de sesiones.
La diputada de MC, Martha Tagle, dijo que a raíz de lo ocurrido con Aguayo está en el ánimo eliminar de las leyes cualquier vestigio que busque poner límites a la libertad de expresión “o, como ese caso, busque presionar a periodistas para que no ejerzan su trabajo, es el caso de la ley de imprenta que es bastante caduca”.
La Comisión presentó los resultados del parlamento abierto sobre la iniciativa de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentada en 2018, proceso que concluyó en la inviabilidad de crear esa nueva legislación.
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En cambio, acordó fortalecer la Ley vigente y para ello presentar cuatro paquetes de iniciativas en materia civil, penal, propaganda y transparencia y acceso a la información, integrados en la agenda integral de libertad de expresión, con impacto en más de 12 leyes.
En el primer paquete se reformaría la ley ya existente, entre otras cosas para fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y garantizar la suficiencia presupuestal para su funcionamiento.
En la presentación, organizaciones sociales y periodistas destacaron las deficiencias del Mecanismo, que no permitieron, por ejemplo, brindar protección y apoyo a Samir Flores, quien no fue reconocido como agente de la libertad de expresión o defensor de los derechos humanos, pese a su labor.
Flores fue asesinado hace un año, era Integrante de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, miembro del Congreso Nacional Indígena y fundador de la estación comunitaria Radio Amiltzinko, además de abierto opositor a la Termoeléctrica de Huexca.
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