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Activistas
e integrantes de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos cuestionaron la legitimidad en el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Entrevistados a parte en el marco del nombramiento ocurrido anoche en el Senado, Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Diana Iris García de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México; e Itzel Checa del colectivo CNDH Autónoma coincidieron en que independientemente de la importancia de la familia Piedra Ibarra en la búsqueda de desaparecidos en el país, la cercanía de la nueva Ombudsperson con el presidente y su partido, Morena, lanza señales negativas.
"Sabemos quién es y no tenemos nada en contra de ella pero deja mucho qué desear el proceso: poco veraz y con muchas arbitrariedades. No llega con la legitimidad que debería, la persona que llega debió hacerlo de otra forma", consideró Diana Iris García.
"Se debió haber repuesto la votación, eso nos habría dado más confianza a nosotros como víctimas".
Javier Sicilia no dudó de su capacidad y de lo que ha significado en su lucha por los derechos humanos, el problema es la forma en que llegó al cargo: el proceso "viciado" genera desconfianza y la Ombudsperson debe ser respetada por todo el país.
Lamentó el hecho, sobretodo después de lo que hizo Rosario Ibarra de dejar en custodia al presidente la medalla Belisario Domínguez hasta que se resolviera la crisis de desapariciones en el país.
"Un ombudsman tiene que ser respetado por la nación entera no nada más por una fracción, nos deja un terrible sabor de boca. También da un mal ejemplo de todo lo que ha defendido López Obrador y la 4T: la honestidad, la transparencia, la dignidad en la política. A todas luces el proceso fue malo, pésimo, no da confianza y mancha la lucha de la familia. No solo es el desaseo en la forma de llegar a la Presidencia de la CNDH, además ella misma perteneció a Morena, un partido político. La Ombudsperson no debe tener ningún vínculo partidista para que tome el camino de las víctimas frente al gobierno".
Mientras que Itzel Checa consideró que el proceso de elección no cumplió con tres garantías de certeza jurídica, confianza y legitimidad. Calificó de "lamentable y vergonzosa" la actuación del Senado de la República, así como un "mal mensaje" sobre el cumplimiento de su obligación para respetar y promover los Derechos Humanos.
Al inicio se esperaba de este que fuera un proceso paradigmático.
"Hasta la fecha no sabemos las motivaciones, razones o justificaciones para hacer a la titular idónea para el cargo. El Senado nunca dió explicación. La Junta de Coordinación Política privilegió más los acuerdos copulares y todos los partidos estuvieron respaldando un proceso que no fue transparente y no explicara las decisiones. Quedamos con dudas en términos de legalidad y legitimidad del nombramiento".
