El abogado de la maestra Elba Esther Gordillo Morales , Marco Antonio del Toro, denunció que la Procuraduría General de la Repúblic a (PGR) endureció las medidas de seguridad en el domicilio de la colonia Polanco donde la ex lideresa del magisterio se encuentra en prisión domiciliaria.
En el edificio marcado con el número 7 de la calle Galileo, el litigante acusó que ayer la Policía Federal Ministerial implementó un operativo para que no pudiera ingresar nadie al inmueble, “ni siquiera su familia”.
“Se confirma el carácter de presa política que tiene la maestra Elba Esther Gordillo. El día de hoy (ayer) la Policía Federal Ministerial implementó un operativo para el efecto de que no pueda accesar al inmueble, ni siquiera su familia”, señaló.
Dijo que uno de sus nietos, a quien no identificó, y a un amigo se les impidió el ingreso al edificio la tarde del jueves.
Del Toro aseguró que el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en el Reclusorio Oriente y que lleva el proceso, no ha dictado ninguna orden para modificar las medidas cautelares de la prisión domiciliaria de la maestra.
Por lo que señaló al director de la Policía Federal Ministerial de la PGR, Aarón Pereira de cambiar de manera injustificada las medidas cautelares.
“Acudimos con Notario Público para efecto de dar fe de que no se dejaba ingresar al nieto de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, lo cual ocurrió, así como a un amigo de la maestra, pero lo más grave es que incluso a su cuerpo médico se le retuvo para que no pudiera ingresar al inmueble, finalmente después de hacer una serie de llamadas pudo ingresar”, indicó.
Además, el abogado anunció que ampliará las quejas por violaciones a los derechos humanos de Gordillo Morales, que interpuso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ésta última en febrero.
“Esta situación es absolutamente violatoria de los derechos más fundamentales y de lo que constituye una prisión preventiva domiciliaria”, consideró.
Del Toro reiteró que están acciones de la PGR son porque a la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se le atribuye un vínculo con uno de los candidatos a la presidencia de la República, cuyo nombre no precisó.
“Viene a ahondar o a sumar esta persecución que si inició a partir del inicio de este gobierno por el mero hecho de haberse opuesto a una reforma educativa que tenía contenidos meramente administrativos y no de fondo educativo”, enfatizó.
Anunció que este viernes se llevará a cabo la audiencia ante el juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales para revisar la medidas cautelares, la cual ya estaba fijada desde hace días.
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