La Cuarta Transformación lanzó por tres vías una defensa política y jurídica de la reforma eléctrica que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, hasta el momento, enfrenta 33 suspensiones concedidas por dos jueces que impiden que esta nueva norma entre en vigor.
Ayer, López Obrador advirtió que si el Poder Judicial declara anticonstitucional su reforma, impulsará cambios a la Constitución, pues aseguró que no puede ser cómplice del robo y que particulares dañen a la Hacienda pública y a la economía de la población.
En tanto, la Secretaría de Energía impugnó ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones las primeras tres suspensiones provisionales de la reforma eléctrica de López Obrador.
A su vez, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para evitar que los juicios de amparo se utilicen para obstaculizar los principios en materia de austeridad republicana, remuneraciones de servicios públicos y el funcionamiento de las empresas productivas del Estado: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
En su conferencia de ayer, el Presidente señaló: “¿Qué va a pasar si declaran inconstitucional la ley? Va la reforma a la Constitución. Que necesitamos dos terceras partes para que se apruebe una reforma constitucional, pero que lo decida el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados para seguir manteniendo privilegios y seguir manteniendo el régimen de corrupción.
“Yo estoy seguro de que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros que es inconstitucional y que no puede proceder enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la Hacienda pública y afecten la economía popular, y sobre todo afecten la economía de los más pobres”, dijo.
Luego de que el juez Rodrigo de la Peza López Figueroa se sumó al freno a la Ley de la Industria Eléctrica, López Obrador descartó que vaya a pedir otra investigación al Consejo de la Judicatura Federal como lo hizo con el juez Juan Pablo Gómez Fierro, pero señaló que se debe transparentar todo lo relacionado en la entrega de estos amparos, pues reiteró que no debe haber intocables.
El Ejecutivo aseguró que respetará las decisiones del Poder Judicial, pues señaló que su movimiento lucha por una democracia y busca “una auténtica división de poderes, que no había, porque antes el poder de los poderes era el Ejecutivo”.
El Mandatario aseguró que con su reforma eléctrica se busca corregir los excesos que hubo en sexenios pasados.
“Por eso es la polémica, porque estamos corrigiendo todos estos excesos, abusos. Venían empresas extranjeras a hacer su agosto, nos veían como país de conquista, y eso ya cambió”, advirtió.
Perfilan reforma a Ley de Amparo
La bancada de Morena en San Lázaro presentó ayer una iniciativa para evitar que los juicios de amparo se utilicen para obstaculizar, entre otros, el funcionamiento de Pemex y de la CFE.
A través de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, Morena busca adicionar dos fracciones al artículo 129 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, para evitar que se otorgue la suspensión contra el régimen de remuneraciones y del fomento de empresas productivas del Estado.
En la propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria, se busca considerar que habría perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público cuando de concederse la suspensión se vaya “contra disposiciones o resoluciones en materia del régimen de austeridad republicana y remuneraciones de los servidores públicos”, y “en contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de empresas productivas del Estado”.
En su exposición de motivos, la diputada explica que la Cuarta Transformación tiene por objetivo acabar con la corrupción, la “burocracia dorada” y el criminal saqueo en las empresas del Estado. Los altos salarios, los negocios al amparo del poder y el desmantelamiento de la CFE y Pemex fueron una práctica recurrente por gobiernos anteriores.
Agrega que ahora hay un nuevo régimen jurídico que tiene como principio acabar con la corrupción y la burocracia de los salarios estratosféricos.
