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diana.lastiri@eluniversal.com.mx
Aunque las medidas de austeridad de la nueva administración federal incluyen cancelar el seguro de gastos médicos mayores, durante 2019 el Poder Judicial de la Federación (PJF) conservará esta prestación.
Esto, debido a que en 2018, durante la contratación de ese beneficio para los empleados del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se acordó un servicio por dos años.
Fuentes del PJF confirmaron que en años anteriores una de las contrataciones con más complicaciones para los proveedores era el seguro de gastos médicos mayores, puesto que las aseguradoras tienen requisitos a buen precio para más de 35 mil trabajadores de distintos niveles para mantener el apoyo por un año.
Ante ello, Banorte ofreció la acción condicionada a una contratación mínima de dos años, que fue pagada durante el ejercicio fiscal de 2018, por lo que el PJF gozará durante este año del seguro, pero para los subsecuentes ejercicios fiscales esta prestación desaparecerá de la nómina.
EL UNIVERSAL informó que de los organismos que más han desembolsado por el seguro de gastos médicos mayores está el CJF, que en los últimos 12 años destinó 25 mil 216 millones 982 mil 292 pesos a esta prestación. El abono que realizó en 2018 por la ayuda, que cubre hasta el 31 de diciembre de 2019, fue de 3 mil 191 millones 671 mil 148 pesos.
Lo que el PJF no logró mantener fue la aportación al seguro de separación individualizado, pues en el manual de remuneraciones que se publicará en febrero próximo se verá reflejado que esta acción desaparecerá, por lo que si los trabajadores quieren continuar pagando deberán hacerlo a 100%.
Esta asistencia se componía de las aportaciones del trabajador y de la institución en la que se desempeña para cuando no se les renueva el contrato. Al tratarse de un ingreso, estaba gravada por el Impuesto Sobre la Renta, que algunas dependencias subsidiaban como parte de los estímulos al empleado.
Entre las dependencias que más gastaron en los últimos dos sexenios en el pago de seguro de gastos médicos mayores está la Procuraduría General de la República (PGR), que erogó 2 mil 986 millones 800 mil pesos. A partir del 1 de enero, sus trabajadores fueron notificados de que ni éste ni la póliza de separación individualizada permanecerán.
De acuerdo con un oficio difundido entre los trabajadores de la PGR, la Dirección General de Recursos Humanos y Organización informó la cancelación del seguro de separación individualizado, por lo que los trabajadores que quieran continuar con este ahorro, deberán hacer sus aportaciones a 100%.
Este seguro ya había sido afectado desde el año pasado, ya que a partir de la primera quincena de noviembre, los trabajadores recibieron la noticia de que la PGR ya no pagaría 35% del ISR de esta prestación.
La dependencia, además de la aportación que hacía al seguro, pagaba ese 35% para que sus trabajadores recibieran 100% del ahorro que realizaron al final de su labor en la Procuraduría General de la República, pero en aplicación a las medidas de austeridad se informó que ya no tendrían ese impuesto.
Por esta razón, personal de la PGR se sumó desde el año pasado a los amparos tramitados contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Aunque la notificación de la desaparición del seguro de separación individualizado, a partir del 1 de enero de 2019, establecía que el seguro de gastos médicos mayores se mantendría para delegados, personal de análisis y control de información ministerial, policías federales ministeriales, agentes del Ministerio Público de la Federación, peritos, elementos de la campaña contra el tráfico y de seguridad a funcionarios, fuentes federales confirmaron que los trabajadores fueron notificados de que no será así.
En consecuencia, al igual que en el resto de las entidades gubernamentales, si quieren continuar gozando de un seguro de gastos médicos mayores deberán absorber por completo el pago de este beneficio que se encarece cuando los asegurados tienen actividades consideradas de riesgo, como las relacionadas con la seguridad pública.
