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La organización feminista EQUIS-Justicia para las Mujeres cuestionó el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues el acceso a la justicia para la mayoría de la población no está entre las prioridades de las propuestas y los problemas estructurales y de funcionamiento judicial aún están opacados.
“Los jueces no protegen a las mujeres y las juzgan con base en exigencias sociales, a partir de sesgos, estereotipos y roles de género. Eso no lo está abordando la reforma, se está quedando sumamente corta y nada más atiende cuestiones administrativas”, dijo a EL UNIVERSAL Fátima Gamboa Estrella, directora de la organización.
Apuntó que debe terminar la misoginia judicial, pues datos recabados por la ONG demuestran que 80% de los jueces normalizan la violencia y más de 60% no protegen a las mujeres.
Gamboa Estrella describió a la reforma como corporativista, pues sólo atiende a las estructuras judiciales y no enfrenta lo más importante: cómo se imparte justicia y cómo todavía se juzga con misoginia judicial y con fascismo, pues algunos son transfóbicos y lesbofóbicos.
Agregó que los códigos penales son complejos, inentendibles y utilizan un lenguaje técnico, además son largos, absurdos y caros: “Si queremos realmente garantizar el acceso a la justicia, no basta con una reforma que diga que se tiene que votar por los jueces”.
La elección popular no es suficiente para atender los problemas estructurales, pues es un mecanismo de participación pasiva. En cambio, debe existir una participación ciudadana activa y permanente que garantice una verdadera democratización de los poderes judiciales, expuso.
“Ya se están cambiando las estructuras para integrar perspectivas ciudadanas que todos los días de manera continua y profunda puedan estar mejorando las políticas de acceso a la justicia. Y no únicamente decidir quién va a juzgar, sino involucrarse a fondo dentro de la estructura del Poder Judicial”.
La reforma debe asegurar que cada proceso legal sea claro, ágil, sencillo y entendido por todas las personas, sin importar si son mujeres indígenas o personas con discapacidad. Asimismo, apuntó que el Poder Judicial debe generar cercanía, ya que la población no conoce quiénes se encargan de impartir justicia en México.
“Debe generar difusión, tienen que asumir la obligación de informar a las personas sobre sus derechos”, reiteró.
El mes pasado, EQUIS publicó 10 claves para abordar los problemas que aquejan al Poder Judicial, uno de ellos es territorializar la justicia, es decir, llevarla hasta las comunidades alejadas y a todas las personas, especialmente a las mujeres, pues a pesar de son la mayoría de la población, no reciben justicia en México.
