La iniciativa de reforma constitucional conocida como plan C judicial, que propone básicamente la elección popular de jueces y magistrados, es una reforma regresiva que busca el desmantelamiento, la fractura y la captura política de los poderes judiciales, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así lo advierte en entrevista con EL UNIVERSAL el doctor Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien señala que los promotores de la iniciativa buscan generar perfiles con menos capacidad técnica y sin imparcialidad, lo que se traduciría en un peor servicio de justicia por parte de los tribunales.
Agrega que, si consideramos que Morena y sus aliados son la coalición con mayor músculo electoral en la nación que controlan tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no es difícil ver cómo, en menos de dos años, el Obradorismo podría controlar a prácticamente todo el Poder Judicial de la Federación, incluida la Corte.
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Además, subraya, estaríamos transitando a un estado en el que sería peor el servicio de justicia autónoma, pronta y expedita para los ciudadanos.
El investigador resalta que entre las modificaciones están: desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF) y fragmentar sus funciones.
Así como “reducir la integración de la Suprema Corte de la Nación, conformada actualmente por 11 ministros, a nueve, eliminar las dos salas del Máximo Tribunal, disminuir el periodo de cargo de los ministros de 15 a 12 años y crear un Tribunal de Disciplina Judicial con poderes y escasos controles”.
Además, agrega, eliminar los fideicomisos del Poder Judicial, prohibir que tengan efectos generales las suspensiones o las sentencias dictadas en juicios de amparo en los que se plantee la inconstitucionalidad de normas generales.
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El jurista recientemente dio a conocer las conclusiones de especialistas tras analizar cada una de las 20 reformas constitucionales y legales que se incluyen en el plan C, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero y que será retomado por el Congreso de la Unión, con una nueva integración que refleje la mayoría alcanzada por Morena y aliados.
Asegura que el corazón de la reforma es una modificación radical a la forma en que eligen a los titulares de los órganos judiciales e implicaría la elección directa de ministros de la SCJN. Así como de los titulares de los juzgados de distrito, tribunales colegiados de circuito, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los tribunales y juzgados de las entidades federativas.
Sostiene que se perdería capacidad técnica e imparcialidad y no es que los tribunales en México estén de maravilla, hay pendientes sobre todo en los tribunales locales.
El PJF, argumenta, funciona razonablemente bien, es un espacio donde el día que hay algún conflicto, una controversia, las partes pueden acudir en busca de un juez imparcial que aplique las normas sin favoritismos.
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El abogado pone como ejemplo, un partido de futbol en el que el árbitro es elegido por el voto popular de las porras o una encuesta, las aficiones más grandes tendrían al árbitro de su lado y restaría credibilidad al juego.
Advierte que “lo mismo ocurre con el sistema de justicia, si son criterios netamente políticos y electorales los que guían la elección y la designación de los jueces (…) es una manera también de debilitar al sistema de justicia, hacer que la gente crea menos en él. Y que no tengamos tribunales a los cuales acudir para resolver nuestros conflictos o para controvertir actos de autoridad que son arbitrarios”.
La reforma al PJF, indica, implicaría una purga de todos los poderes judiciales, tanto los ministros de la Corte, jueces federales, magistrados federales y todos los jueces y magistrados locales que hay en el país.
El jurista remarca que el Senado sería el encargado de emitir la convocatoria de las elecciones de jueces, magistrados y ministros, establecer si las candidaturas cumplen con los requisitos de elegibilidad y hacer la suma para ver quiénes ganaron la elección organizada por el INE.
Por otra parte, se propone un modelo por demás cerrado y restrictivo en la postulación de las candidaturas para la SCJN en donde Presidencia podría postular hasta 10 aspirantes.
En tanto el Poder Legislativo, otras 10; es decir, cinco por cada cámara, y el Judicial, a través de la Corte, un igual número. “Se trata de una reforma que permitiría que fueran los poderes y no la ciudadanía quien decida quién puede aspirar o no a un cargo”, concluye.
Recuerda que la iniciativa propone que en un plazo no mayor a un año se realicen comicios extraordinarios y podrían cesar en sus funciones a ministros, magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados electorales y consejeros de la Judicatura.
Esta “purga” al Poder Judicial abre la posibilidad de elegir perfiles afines al partido dominante. “Una elección popular ¿qué perfiles pondría? Estos podrían terminar siendo afines al partido dominante, como Morena, y esto debilita al Poder Judicial, el encargado de impartir justicia, le quita dientes para ejercer”, reitera.
Martín Reyes ha sido un crítico de la designación directa porque, dice, es “una simulación en la que el Senado tiene menos poder y podrían llegar los peores perfiles”.
Para él, los integrantes del Poder Judicial deber ser independientes y competitivos. Propone que en lugar de hacer una elección abierta sea por filtros en barras de abogados o universidades.