El plan B de la reforma electoral pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024 con el adelgazamiento de la estructura del órgano electoral, la reducción de personal y la vulneración de su autonomía e independencia, alertó el Instituto Nacional Electoral en un análisis interno.
El documento, que será presentado ante el Consejo General del INE este miércoles, apunta que el proyecto de decreto propone una profunda reestructura orgánica del INE, tanto de órganos y áreas centrales como de sus órganos desconcentrados, que reduce sus conformaciones en aras de ahorro y austeridad, sin un análisis previo.
Lo anterior, advierte, “pone en riesgo severo la organización de elecciones y de mecanismos de participación ciudadanas bajo los principios y estándares establecidos, así como de otras actividades sustantivas de carácter permanente que afectan el ejercicio efectivo de derechos fundamentales de naturaleza política, a la identidad y a la información, entre otros”.
El INE expuso que hay riesgo de que no existan los instrumentos de coordinación y colaboración debidamente formalizados previamente al inicio del proceso electoral concurrente a efectuarse en 2024, lo cual podría derivar en la incertidumbre de la distribución de las tareas a realizar por cada una de las partes e incurrir en retrasos que interfieran en desarrollo de los procesos electorales.
Además, señala que la reforma no responde a criterios técnicos, sino de “oportunidad política”.
“Los dos decretos de reformas (el que ya se publicó y entró en vigor, así como el que está pendiente de concluir con su proceso legislativo) tendrán repercusiones negativas en el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones en nuestro país, pues afectarán aspectos sustanciales para la organización de los comicios, así como también las condiciones de la competencia electoral”, subraya.
Sostiene que la reforma electoral modifica la naturaleza constitucional de los órganos directivos, ejecutivos, técnicos y de vigilancia del INE, lo cual “tergiversa y confunde su carácter”.
Además, señala que al Órgano Interno de Control del INE se le adicionan funciones que rebasan de manera excesiva su función constitucional de fiscalizar los ingresos y egresos de la autoridad electoral nacional.
Respecto a la publicidad oficial, expuso que los cambios inciden en la eficacia de garantías constitucionales dispuestas para generar condiciones de equidad en la contienda y, al mismo tiempo, a fin de procurar un sufragio auténticamente libre.
El órgano electoral también subrayó que la eliminación de la sanción de la pérdida del registro es una propuesta regresiva.
Esta modificación, alertó, “podrá afectar algunas medidas que el INE ha implementado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como es la medida 3 de 3 contra la violencia para el registro de candidaturas, dado que se excluiría de la misma la manifestación de no ser persona deudora alimentaria morosa o no estar inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, al tratarse de sanciones distintas a las penales, así como la posibilidad de que una persona no puede ser candidata cuando se desvirtúa su modo honesto de vivir derivado de la comisión de violencia política contra las mujeres”.
En otro punto, apunta que con la eliminación de las Juntas Locales Ejecutivas se suprimirían 262 plazas, con lo que quedarán vigentes 96 para el Servicio Profesional Electoral.
En cuanto a las Juntas Distritales, se eliminarían mil 500 plazas, restando sólo 300, es decir, que la reforma plantea la eliminación de 84.6% del Servicio Profesional Electoral.
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