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La Secretaría de Gobernación consideró que las iniciativas de leyes locales que establecen la posibilidad de que los padres de familia ejerzan un veto a las reformas educativas conocido como “ pin parental ”, podrían violentar la constitución.
“El llamado ‘Pin Parental’ es una medida violatoria de derechos que se opone a la construcción de una sociedad equitativa, inclusiva, bien informada y responsable. De la misma manera, niega el derecho a una educación con perspectiva de género como un paso fundamental para garantizar el derecho de todas las niñas y mujeres a una vida libre de violencias“, señaló.
Por ello, la Segob, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna); el Consejo Nacional de Población (Conapo); el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), instaron a los congresos locales a poner los derechos de niñas, niños y adolescentes por encima de los intereses de sus padres y madres.
Mediante un comunicado, la Segob recordó que desde inicios de este año, al menos en cinco estados se presentaron iniciativas de reforma a leyes locales en las que se pretende establecer la injerencia de padres y madres en contenidos educativos tales como el derecho a vetar contenidos educativos de clases, actividades, charlas o talleres, o elegir la no asistencia de sus hijas e hijos, cuando éstos no coincidan sus “convicciones éticas, morales o religiosas”.
Con esto, la Segob advirtió que las autoridades educativas podrían verse impedidas de impartir conocimiento sobre educación sexual y reproductiva, diversidad, inclusión y perspectiva de género.
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“De aprobarse estas reformas, las autoridades competentes podrían considerarlas inconstitucionales al violar principios de progresividad y prohibición de no regresión de los derechos, así como transgredir la rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional. Asimismo, serían violatorias del marco nacional e internacional de derechos humanos en favor del Interés Superior de la Niñez”, señaló la dependencia.
Por ello, anunció que enviará a los congresos de las 32 entidades federativas un documento en el que expondrá los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica y las referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México que defienden el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.
En el documento, la Segob señalará las consecuencias sociales de las iniciativas conocidas como “pin parental”, tales como incremento de violencia y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes; del embarazo infantil y adolescente y juvenil; acoso escolar, discriminación y homofobia, entre otras.
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